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RECLAMO DE JUSTICIA

La Fiscalía acudió a la Corte de San Juan para pedir prisión efectiva por la muerte de Lucía Rubiño

El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación tras el fallo que otorgó dos años de pena condicional al menor que conducía el vehículo. La acusación solicita modificar la calificación a homicidio con dolo eventual y aplicar una condena de cinco años de cárcel.

02 de septiembre 2026, 11:26 2 min de lectura
El Ministerio Público Fiscal elevó un recurso ante la Corte de Justicia de San Juan con el objetivo de anular la sentencia dictada por el juez Jorge Toro en la causa que investiga la muerte de Lucía Luján Rubiño, la joven de 16 años embestida en el barrio Profesional de Rivadavia. La fiscal Liliana Marinero busca revertir el encuadre de homicidio culposo agravado —que fijó dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para conducir— para que el caso sea juzgado bajo la figura de homicidio con dolo eventual, solicitando una pena de cinco años de cumplimiento efectivo en prisión.
 
Un fallo cuestionado por las pericias y la familia

El reclamo judicial cuenta con el respaldo de la familia de la víctima, encabezada por su padre Jorge Rubiño, quien consideró que el accionar previo del conductor no constituyó un accidente imprevisible. Las pericias y testimonios recabados señalan que los vehículos involucrados realizaban maniobras peligrosas a alta velocidad en la zona antes del hecho, un elemento técnico que, según la fiscalía, demuestra que el menor era consciente del riesgo mortal de sus acciones y decidió continuar con la conducta.

Caminos legales y reserva del caso federal

Tras superar el análisis técnico de admisibilidad, el planteo se encuentra bajo estudio del máximo tribunal provincial, que notificó a la defensa y a la Asesoría de Menores para que emitan sus alegatos. De forma paralela, la representación del Ministerio Público dejó asentada la reserva del caso federal, lo que habilitaría la instancia de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la resolución en el ámbito provincial resulte desfavorable.