La solidez fiscal, el bajo endeudamiento, las perspectivas de la minería y el destino de los recursos para infraestructura aparecen entre las claves para entender el interés que despertó la operació
La colocación del Bono San Juan dejó un número que permite dimensionar el interés que despertó la provincia entre los inversores: frente a los USD 600 millones que finalmente tomó, las órdenes de compra alcanzaron los USD 1.037 millones. En otras palabras, hubo una demanda aproximadamente 73% superior al monto colocado, con participación de 67 fondos e inversores y ofertas provenientes tanto de Argentina como del exterior.
El resultado adquiere mayor relevancia porque San Juan regresó al mercado internacional después de 27 años y lo hizo en una semana compleja para los activos argentinos. La operación se concretó con un bono a nueve años, vencimiento en 2035, cupón del 9,55% y rendimiento del 9,875%. El contexto previo mostraba un riesgo país de 567 puntos y una tasa del Tesoro estadounidense a diez años del 5,15%, dos referencias que encarecían el financiamiento.
¿Por qué, pese a ese escenario, hubo inversores dispuestos a demandar bastante más dinero del que San Juan buscaba? Las explicaciones que surgen tanto de los especialistas que participaron de la operación como de los análisis previos del mercado apuntan principalmente a dos fortalezas provinciales: sus números fiscales y las expectativas de crecimiento vinculadas a la minería.
En el plano fiscal, San Juan llegó a Wall Street con antecedentes que la diferenciaban de otros emisores argentinos. Un análisis publicado por Bloomberg Línea antes de la colocación destacó que la provincia acumula 21 años consecutivos de superávit financiero y que podía presentarse ante los inversores como uno de los distritos subsoberanos con un perfil crediticio sólido. A esto se suma un nivel de endeudamiento históricamente bajo y una posición de liquidez que también fue destacada por fuentes del mercado.
Ese punto ya había sido anticipado por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, antes de conocerse el resultado. El funcionario había explicado que la Provincia pretendía utilizar su situación financiera para conseguir recursos destinados a infraestructura, en lugar de depender exclusivamente de fondos nacionales, y que la licitación permitiría seleccionar las ofertas con las mejores condiciones disponibles.
Pero hay otro factor que aparece repetidamente cuando se analiza por qué los inversores miraron hacia San Juan: la minería. La provincia atraviesa una etapa de grandes inversiones vinculadas especialmente al cobre, con compañías internacionales involucradas en proyectos de largo plazo. Antes de la colocación, Achem había señalado precisamente ese elemento al mencionar la presencia de empresas como BHP, Rio Tinto, Glencore y McEwen, además de las inversiones energéticas que acompañan ese proceso.
La expectativa no está puesta únicamente en la actividad minera actual, sino en el flujo económico que podrían generar esos proyectos durante las próximas décadas. El mercado financiero venía identificando el potencial cuprífero de San Juan como uno de sus principales diferenciales frente a otras provincias argentinas, en momentos en que los proyectos mineros requieren nuevas rutas, energía y otra infraestructura para avanzar.
Ese crecimiento esperado se conecta directamente con el destino anunciado para los USD 600 millones. Los fondos no fueron presentados ante el mercado como financiamiento para gastos corrientes, sino como recursos destinados a infraestructura y obra pública asociadas al desarrollo productivo y minero. Para un inversor, esa diferencia resulta relevante porque el endeudamiento queda asociado a proyectos que el Gobierno provincial espera que acompañen una expansión de la economía y de los ingresos futuros.
La composición de la demanda también muestra que el interés no estuvo concentrado exclusivamente en compradores extranjeros. Aproximadamente USD 360 millones de las órdenes provinieron de inversores locales, mientras que el resto llegó desde el exterior. En total participaron 67 fondos e inversores, por lo que la Provincia pudo cubrir completamente los USD 600 millones autorizados sin tener que aceptar todas las órdenes recibidas.
La elevada cantidad de ofertas también tuvo un efecto concreto sobre la negociación. Matías Salcedo, responsable de Financiamiento de Cohen, firma que participó de la operación, explicó que inicialmente el mercado exigía un rendimiento mayor, pero la fuerte demanda permitió comprimir esa referencia. Finalmente, el cupón quedó en 9,55% y el rendimiento efectivo en 9,875%.
La tasa terminó siendo más alta que la imaginada en los escenarios más optimistas antes de que empeoraran las condiciones financieras internacionales. Sin embargo, se mantuvo por debajo del 10%, incluso en una jornada marcada por un riesgo país elevado y por mayores tasas internacionales. Ese resultado es otro de los elementos utilizados por el mercado y el Gobierno para valorar la colocación, aunque supone para San Juan un costo financiero que deberá afrontar durante los próximos nueve años.
El diseño del título también aporta previsibilidad sobre esos compromisos. El bono vence en 2035, paga intereses semestralmente y concentra la devolución del capital hacia el final de su vida: está previsto amortizar 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035. De esta manera, la Provincia dispone de varios años antes de comenzar con las principales devoluciones del capital recibido.
El gobernador Marcelo Orrego interpretó la sobresuscripción como una señal de confianza hacia la provincia y destacó que los recursos permitirán acelerar infraestructura y desarrollo. Más allá de esa valoración política, el dato objetivo de la operación es contundente: por cada USD 100 que San Juan finalmente tomó, los inversores estuvieron dispuestos a ofrecer aproximadamente USD 173.
Así, el interés por el Bono San Juan no aparece explicado por un único elemento. Dos décadas de resultados fiscales positivos, bajo endeudamiento, perspectivas de expansión minera, grandes compañías internacionales instaladas en la provincia, fondos destinados a infraestructura y una estructura financiera de largo plazo confluyeron en una operación que logró atraer USD 1.037 millones en órdenes cuando San Juan tenía autorizado tomar USD 600 millones.