El escenario económico actual genera un
impacto directo en la capacidad de pago de los inquilinos sanjuaninos, quienes
eligen postergar el cumplimiento de impuestos y servicios para no poner en riesgo la continuidad de sus contratos de arrendamiento.
Prioridad en el techo familiar y mediación inmobiliaria
Ante la complejidad económica, el pago de la renta se consolida como la principal prioridad financiera de los hogares para asegurar la vivienda. Desde el sector inmobiliario destacan que las situaciones de atraso en el canon locativo se gestionan mediante el diálogo y la evaluación de la conducta histórica de cada habitante. En los casos donde la imposibilidad de pago resulta definitiva, se opta por la rescisión de mutuo acuerdo para evitar procesos judiciales, lo que deriva con frecuencia en que personas o grupos familiares deban retornar a convivir con parientes.
Previsibilidad en los incrementos y acumulación de deudas
A diferencia de periodos anteriores marcados por una alta volatilidad, la actualización de los montos bajo índices como el IPC o el ICL aporta mayor previsibilidad a las familias a la hora de presupuestar sus gastos de alquiler. Sin embargo, la contracara de mantener el valor mensual de la vivienda al día es el incremento progresivo de deudas en boletas de agua, tasas municipales y expensas comunes.
Refuerzo de controles para evitar conflictos contractuales
La acumulación de pasivos en los servicios genera preocupación en las inmobiliarias, ya que los montos impagos representan un compromiso financiero pendiente tanto para los locatarios como para los dueños al finalizar el contrato. Frente a esta tendencia ascendente, los corredores incrementaron el seguimiento de las cuentas y sugieren la suscripción a planes de pago para evitar complicaciones legales o económicas mayores.