El entendimiento alcanzado estipulaba un esquema de devolución de capital en cuotas, cuyo inicio de pagos ya debería haber impactado en las cuentas de los clientes. Sin embargo, los referentes del grupo de denunciantes confirmaron que, hasta la fecha, no existe registro de transferencias ni comunicación oficial que justifique la demora, lo que ha generado un creciente malestar entre quienes esperaban recuperar sus ahorros.
Desde el sector de los damnificados, Carlos Bravo manifestó que la ausencia de información es total, tanto por parte de los representantes de la empresa como del ámbito judicial. La principal crítica radica en el contraste entre el incumplimiento del acuerdo económico y la situación procesal de los responsables, quienes permanecen en libertad a pesar de no haber honrado los compromisos asumidos para reparar el daño patrimonial.
El malestar de los afectados se sustenta en lo que consideran una falta de garantías para el cumplimiento de los pactos homologados. Según explicaron, el sentimiento de desprotección ha crecido ante la falta de definiciones concretas que determinen si la devolución del dinero sigue siendo una posibilidad cierta o si el proceso ha quedado estancado de forma definitiva.
Ante este escenario de parálisis, los clientes perjudicados adelantaron que trasladarán su reclamo a las puertas del Palacio de Justicia. La concentración en Tribunales tiene como objetivo central exigir una intervención más firme de los magistrados intervinientes que obligue a la contraparte a clarificar su situación financiera y el cronograma de pagos.
La movilización busca visibilizar un conflicto que, lejos de resolverse con la firma del convenio de partes, se ha agudizado por la falta de ejecución de las sentencias. Los damnificados advirtieron que continuarán con las medidas de presión hasta obtener una respuesta fehaciente sobre el destino de los fondos adeudados.
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