La investigación judicial se centra en la participación de terceros tras los primeros peritajes en el predio. La fiscalía tomó testimonio a empleados y analiza registros clave para identificar a los responsables del siniestro que causó daños totales.
Los primeros informes técnicos sugieren que el fuego fue provocado de manera deliberada, lo que obligó a los investigadores a profundizar la reconstrucción de los hechos ocurridos antes y durante el siniestro. En este contexto, se ha iniciado una extensa ronda de declaraciones testimoniales que incluye a operarios, personal de seguridad y personas con acceso directo al predio.
El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad trabajan bajo un estricto hermetismo para establecer el modus operandi del hecho. Entre las medidas dispuestas por la justicia se encuentran:
Entrevistas exhaustivas: Relevamiento de testimonios del personal para detectar movimientos inusuales en las horas previas.
Análisis técnico: Recopilación de pruebas materiales en el punto de origen del fuego y análisis de registros de ingreso al establecimiento.
Peritajes finales: Se aguarda el informe definitivo de los especialistas para determinar si se utilizaron acelerantes químicos para propagar las llamas.
El incendio, que requirió de un operativo de emergencia de gran magnitud para ser sofocado, provocó daños de consideración en la infraestructura de la planta, afectando la operatividad del establecimiento. Pese al avance de la tesis del sabotaje o ataque intencional, las autoridades confirmaron que, por el momento, no se han producido detenciones ni se han formalizado sospechas contra personas específicas.
La causa continúa bajo secreto de sumario mientras se terminan de procesar los elementos de prueba recogidos en el lugar. El objetivo inmediato de la instrucción es determinar si existió una participación coordinada de terceros y cuál habría sido el móvil del ataque contra la planta industrial.