La presentación del proyecto de Ley de Financiamiento de Infraestructura por parte del gobernador Marcelo Orrego despertó fuertes expectativas en los sectores laboral y empresarial de San Juan, afectados por la paralización de las obras dependientes del Estado nacional. El anuncio formal, orientado a habilitar la búsqueda de líneas crediticias externas por hasta 600 millones de dólares, fue recibido con optimismo pero bajo una marcada prudencia por las entidades gremiales, que aguardan los tiempos institucionales para que las propuestas comiencen a traducirse en puestos de trabajo reales.
Desde la conducción local de UOCRA ratificaron su acompañamiento a cualquier iniciativa que apunte a revertir la profunda crisis ocupacional del sector. Los representantes sindicales manifestaron que el mercado actual mantiene a cerca de 3.000 obreros desocupados, una situación que ha forzado a gran parte del personal calificado a abandonar transitoriamente el rubro para volcarse a la economía informal o emplearse en tareas zafrales estacionales, como las cosechas agrícolas, con el fin de asegurar el sustento familiar cotidiano.
Alberto Tovares, secretario adjunto de la organización gremial, enfatizó la importancia de recuperar la estabilidad de los salarios fijos en lugar de depender de la precariedad de los trabajos eventuales. Si bien el dirigente ponderó que el plan vial y habitacional diseñado por el Poder Ejecutivo representa un alivio directo para las familias afectadas, remarcó que mantendrán una postura expectante hasta que las gestiones financieras y los procesos administrativos se materialicen de forma concreta en los obradores.
A la par del sector sindical, la iniciativa oficial cosechó un sólido respaldo de la Federación Económica de San Juan, donde coinciden en la necesidad de generar herramientas alternativas de financiamiento para reactivar la cadena de proveedores locales y la actividad productiva. En este marco, el arco sectorial de la provincia cierra filas detrás del proyecto que ya ingresó a la Legislatura, mientras el equipo económico de la provincia acelera las negociaciones con las distintas bancadas políticas para asegurar el aval parlamentario.
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