La obra pública en San Juan se alista para un giro definitivo
a partir de la inyección de fondos frescos acordados con el sector privado. El entendimiento entre el Gobierno provincial y la minera Vicuña —que
aportará 250 millones de dólares para infraestructura— junto a la colocación de títulos en mercados internacionales, conformarán el esquema de financiamiento para los proyectos de corto y mediano plazo. En este escenario de reactivación,
diversos municipios comenzaron a formalizar sus demandas técnicas y sanitarias de mayor prioridad.
Transformación de la Ruta 40 Norte y el reclamo de Jáchal
A través de un mensaje en cadena provincial y posteriores precisiones oficiales, el gobernador Marcelo Orrego ratificó que la reconstrucción del tramo de la Ruta Nacional 40 Norte que conecta Albardón con Jáchal será costeada con los fondos del acuerdo minero. La noticia responde a un histórico reclamo del municipio jachallero, desde donde el secretario de Gobierno, Juan Pablo Dara, ratificó la existencia de dos expedientes presentados para la mejora del trazado, al que catalogó como la única vía de integración terrestre de la comuna con la capital y el resto de la provincia.
Prevención hídrica y saneamiento en la agenda departamental
A la par del proyecto vial, la gestión municipal de Jáchal busca incluir en la agenda de obras la refuncionalización de los diques Pachimoco y Los Cauquenes. La preocupación radica en la falta de mantenimiento prolongado que presentan ambas estructuras, las cuales podrían verse sobrepasadas ante un eventual incremento en los caudales por el derretimiento de la nieve acumulada en la cordillera.
Por su parte, el departamento Albardón —que también se beneficiará de forma directa por la remodelación de la Ruta 40— mantiene como prioridad la culminación de la red de agua potable. El proyecto requiere trabajos finales para optimizar el caudal y garantizar el suministro domiciliario en los sectores más rezagados del departamento.
Tramitación legislativa
El convenio con la empresa Vicuña ya ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento y posterior ratificación legal. El megaproyecto es observado con expectativa por los sectores productivos y de la construcción, que prevén en este flujo de capitales un elemento dinamizador para el empleo local y el desarrollo de la infraestructura básica provincial.