Un
colectivo transpartidario de legisladores nacionales trabaja en la consolidación de un marco legal para sustituir el régimen de emergencia en discapacidad por un sistema institucional definitivo. La propuesta, denominada
Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad, contempla mecanismos de financiamiento asegurado en el Presupuesto Nacional para poner fin a las sistemáticas renovaciones normativas que condicionan la prestación de los servicios.
Actualización por IPC y compatibilidad laboral
Según detalló la diputada sanjuanina Nancy Picón en declaraciones radiales, el borrador fue elaborado junto a prestadores y familias afectadas con el fin de resolver las demoras en los cobros, que actualmente rondan entre 90 y 120 días. Para mitigar el impacto inflacionario, el texto impone la obligación estatal de abonar los pasivos acumulados bajo un cronograma público y fija la actualización periódica del nomenclador de prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Asimismo, la normativa introduce cambios estructurales para los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD):
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Compatibilidad laboral: Se autoriza la percepción de la pensión no contributiva de manera simultánea con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen la escala de dos salarios mínimos.
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Capacitación y fiscalización: Se contemplan incentivos fiscales para la contratación formal de personas con discapacidad, instancias de formación obligatoria para los asistentes y auditorías sobre la trazabilidad de los fondos públicos.
Construcción de consensos y hoja de ruta legislativa
La redacción de la propuesta reunió aportes de representantes de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires. Las mesas de diálogo técnico estuvieron coordinadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se proyecta sumar el respaldo de los bloques oficialistas de cara a la firma del dictamen de comisión.
El cronograma legislativo apunta a reunir las firmas requeridas en las próximas semanas para conseguir dictamen de mayoría y llevar la discusión al recinto entre la primera y la segunda semana de octubre. De convertirse en ley, el Poder Ejecutivo quedará obligado a devengar de manera automática las partidas presupuestarias anuales correspondientes sin depender de decisiones discrecionales.