La iniciativa, presentada por el Observatorio de Falsas Denuncias, busca separar estos casos de las figuras de calumnias e injurias para abordar el severo daño reputacional y social que sufren los acusados injustamente.
El eje central del proyecto radica en la insuficiencia del encuadre legal vigente. Según los fundamentos presentados, una denuncia falsa no representa meramente un agravio al honor, sino que constituye una herramienta de destrucción institucional y personal. La iniciativa sostiene que el sistema judicial requiere un tratamiento específico para estas situaciones, dada la gravedad de las consecuencias que recaen sobre el denunciado.
"Este tipo de acciones no guardan relación con una simple calumnia; tienen el potencial de desintegrar la vida de una persona de forma literal", explicó Guacci, enfatizando que el vacío legal actual no alcanza a reparar el daño causado.
Más allá de lo jurídico, la propuesta pone el foco en el fenómeno de la etiqueta social. Desde el Observatorio advierten que, una vez que una persona es señalada bajo cargos de violencia o abuso, el estigma perdura incluso si la justicia dictamina su inocencia. Esta "marca" afecta de manera irreversible los vínculos familiares, laborales y el desarrollo cotidiano de los afectados.
El proyecto de ley ya ha iniciado su recorrido institucional con presentaciones formales en el Senado de la Nación. Asimismo, la iniciativa ha sido expuesta en diversas jornadas federales en el interior del país, buscando sumar consenso entre legisladores y especialistas en derecho.
Con este avance, se pretende abrir un debate profundo sobre la transparencia del sistema judicial y la protección de los derechos individuales frente a instrumentalizaciones malintencionadas del proceso penal.