El incumplimiento de las cuotas alimentarias volvió a instalarse en el debate público luego de una jornada de capacitación y concientización impulsada por la diputada provincial Fernanda Paredes, quien presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar las herramientas legales disponibles para garantizar este derecho fundamental.
La actividad reunió a representantes de organizaciones sociales, mujeres y personas interesadas en la problemática, donde se analizaron las dificultades que enfrentan numerosas familias para lograr el pago regular y sostenido de las obligaciones alimentarias.
Durante el encuentro se expusieron estadísticas que reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos difundidos por UNICEF, más de la mitad de las mujeres que crían solas a sus hijos no recibe cuota alimentaria, mientras que una parte significativa de quienes sí perciben este aporte enfrenta incumplimientos parciales o pagos irregulares.
Ante este escenario, la legisladora impulsa una reforma destinada a fortalecer el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios. El proyecto busca agilizar la actualización de datos y la emisión de certificados de libre deuda, además de establecer plazos específicos para las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con estos procesos.
La propuesta también amplía los ámbitos en los que se exigiría la acreditación de no registrar deudas alimentarias. Entre ellos figuran distintos trámites financieros, comerciales y administrativos, como la solicitud de créditos, la obtención de tarjetas bancarias, la constitución de sociedades y la adquisición de vehículos. Asimismo, plantea que este requisito sea considerado para quienes aspiren a ocupar cargos electivos.
En paralelo, la iniciativa contempla la creación de la figura del Abogado del Niño, un profesional especializado cuya función será representar de manera autónoma los intereses de niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos judiciales que los involucren.
Desde el espacio impulsor remarcan que la obligación alimentaria excede el pago de una suma de dinero y comprende múltiples aspectos vinculados al bienestar y desarrollo de los hijos, incluyendo educación, salud, vestimenta, actividades recreativas y deportivas, entre otras necesidades esenciales.
La legisladora sostuvo además que las responsabilidades derivadas de la crianza corresponden a ambos progenitores y que cada situación debe analizarse considerando factores como la capacidad económica de las partes, los regímenes de cuidado y las necesidades particulares de cada niño o adolescente.
Las propuestas ingresaron al ámbito legislativo con el objetivo de generar mecanismos más eficaces para reducir los niveles de incumplimiento y fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, uno de los sectores más afectados por esta problemática.
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