El diputado provincial Mario Herrero instó a la totalidad del arco político local a consolidar un frente común y sin fisuras partidarias para salvaguardar la integridad geográfica de San Juan. El pronunciamiento surge como respuesta directa a la normativa sancionada por la Legislatura de La Rioja, que pretende reactivar un diferendo fronterizo; una medida que el legislador desestimó en términos legales al recordar que el estatus territorial de la provincia se encuentra firmemente consolidado por el andamiaje institucional de la Nación.
Un marco jurídico consolidado desde el siglo pasado
Herrero fue categórico al señalar que la determinación adoptada de manera unilateral por la vecina provincia no posee la competencia jurídica necesaria para alterar la realidad fronteriza actual. El parlamentario argumentó que la delimitación interprovincial quedó formalmente resuelta y ratificada durante la década de 1960, mediante acuerdos validados por leyes de ambas jurisdicciones que, posteriormente, fueron convalidados definitivamente a través de una ley del Congreso de la Nación en el año 1968.
Por tal motivo, el legislador sanjuanina apeló a la madurez política de todas las fuerzas con representación en la provincia, remarcando que el patrimonio territorial y la soberanía jurídica de San Juan representan intereses estratégicos que deben ubicarse muy por encima de cualquier coyuntura, especulación o debate de carácter partidario.
Límites a la penalidad del Estado
En otro orden de temas, el diputado analizó el proyecto de reforma habitacional impulsado por el Poder Ejecutivo, el cual pretende incorporar el certificado de reincidencia como requisito excluyente para acceder a casas estatales. Si bien Herrero admitió la potestad del Estado para fijar criterios de selección en las políticas públicas, advirtió sobre el peligro de incurrir en una doble penalización para aquellos ciudadanos que ya saldaron sus deudas con la justicia.
La función social de la vivienda
El representante legislativo consideró que una vez que una persona ha cumplido la condena impuesta por los tribunales, el ordenamiento jurídico debe propiciar su reinserción y no añadir inhabilitaciones civiles complementarias que operen como castigos permanentes. Finalmente, recordó que los inmuebles administrados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) poseen un fin social prioritario que busca dar cobertura a todo el núcleo familiar, por lo que una restricción de este tipo terminaría perjudicando a menores de edad y convivientes que son completamente ajenos a las conductas delictivas del postulante.
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