Tras las denuncias por presunta estafa, la firma rompió el silencio alegando problemas de liquidez. Informaron sobre un proceso de reestructuración con una sociedad española y justificaron pérdidas por la paralización de una mina en Valle Fértil.
Luego de que se hicieran públicas más de doce denuncias penales por una presunta maniobra defraudatoria que alcanzaría los $2.800 millones, las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. emitieron un comunicado oficial para explicar su situación. En el documento, la empresa reconoció la existencia de deudas pendientes con sus inversores, pero descartó una insolvencia definitiva, calificando el escenario actual como un "problema de orden financiero" de carácter transitorio.
La compañía detalló que el origen del conflicto se vincula estrechamente con su actividad minera. Según el descargo, una cantera de cuarzo y feldespato en Valle Fértil permaneció inactiva durante 16 meses a raíz de un derrumbe ocurrido a fines de 2024. Esta parálisis, sumada a la espera de aprobaciones ambientales, habría generado pérdidas superiores a 1,5 millones de dólares, afectando severamente el flujo de caja necesario para responder a los inversores.
Como estrategia de salida, los directivos informaron que GMI Inversiones S.A. se encuentra en instancias de reestructuración mediante un convenio con una sociedad radicada en Barcelona, España. Este acuerdo incluiría una reorganización operativa y una posible opción de compra, con el fin último de sanear la estructura empresarial y cumplir con las obligaciones contraídas.
"La intención es continuar operando una vez superada la crisis", expresaron desde la firma, subrayando sus 18 años de trayectoria en el mercado sanjuanino.
En el plano judicial, la empresa realizó una presentación espontánea ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. En dicha instancia, solicitaron una audiencia formal para presentar documentación que respalde su versión y ponerse a disposición de la justicia tras el inicio de las acciones legales por parte de los damnificados, entre los que se encuentran trabajadores y jubilados.
Finalmente, el comunicado buscó desvincular de cualquier responsabilidad operativa a los contadores Pamela Gutiérrez y Guillermo Soria, quienes habían sido señalados en las denuncias. La firma aclaró que ambos profesionales cumplían tareas administrativas bajo estricta subordinación jerárquica, sin poder de decisión sobre el manejo de los fondos cuestionados.