La operadora minera otorgó la construcción de un campamento cordillerano por 52 millones de dólares a un grupo liderado por PowerChina. Desde las cámaras del sector alertan por la pérdida de cientos de empleos sanjuaninos y critican que los módulos habitacionales se fabriquen en el exterior.
Sectores industriales y cámaras de proveedores de San Juan expresaron su rechazo y sorpresa ante la decisión de la compañía a cargo del megaproyecto minero Vicuña de adjudicar la segunda etapa del complejo habitacional Batidero a un consorcio de firmas asiáticas y de otra provincia. La obra, presupuestada en 52 millones de dólares, contempla la instalación de 2.500 camas para el personal de alta montaña. Los empresarios locales manifestaron su indignación al señalar que la construcción de los módulos se realizará mayoritariamente en China, privando a la economía regional de un fuerte impacto en la generación de empleo y en la cadena de valor interna.
La propuesta seleccionada por la Mesa directiva de Vicuña —distrito cuprífero operado por Lundin Mining y BHP— estuvo a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A. Según trascendió, el factor económico resultó determinante para la resolución, dado que la oferta ganadora se ubicó por debajo de los 70 millones de dólares que había presupuestado la firma nacional Modular Homes. No obstante, representantes del rubro modular de la provincia lamentaron que ni siquiera se habilitó una instancia de cotización para los constructores sanjuaninos.
Desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), su titular, Fernando Godoy, cuestionó con dureza los antecedentes y la especialización de las corporaciones elegidas. El dirigente gremial recordó que existen experiencias desfavorables con los socios asiáticos en otras provincias mineras y advirtió que la filial corporativa ya se encuentra reclutando personal foráneo para radicarse en la provincia, lo que anula el beneficio del empleo para los residentes locales. Asimismo, desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular indicaron que el esquema adoptado reduce la participación local a tareas de logística, movimiento de suelos y montaje final, perdiéndose la oportunidad de fortalecer la industria de fabricación nacional.
Frente a la polémica, los responsables del yacimiento que nuclea a Josemaría y Filo del Sol argumentaron que la propuesta de PowerChina fue la que mejor se encuadró dentro de las exigencias técnicas, los plazos de ejecución, las pautas de seguridad y los costos globales previstos para una infraestructura de semejante envergadura. A su vez, la empresa minera defendió su política de sustentabilidad y arraigo, remarcando que el 95% de sus operarios actuales son argentinos y que cerca del 73% del empleo directo corresponde a trabajadores oriundos de San Juan.
Este conflicto en torno al Compre Local y la Ley de Proveedores se suscita en una etapa neurálgica para el megadesarrollo de Vicuña, considerado uno de los reservorios de cobre más grandes del planeta. El plan global estima inversiones por 18.000 millones de dólares, proyectando una inyección inicial de 7.000 millones de dólares para la puesta en marcha de Josemaría hacia el año 2030, con una meta de producción anual que aspira a alcanzar las 400.000 toneladas de metal durante su primer cuarto de siglo de actividad operacional.