El Tribunal de Cuentas de San Juan implementó las primeras sanciones y medidas de restitución de fondos en el marco de la investigación por presuntas anomalías en la planta de personal de la Municipalidad de Zonda. Tras una denuncia promovida por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el órgano de control estatal corroboró que una porción mayoritaria de la nómina de trabajadores percibía haberes sin contraprestación laboral, lo que derivó en la dimisión de los primeros involucrados y en la devolución obligatoria de los salarios cobrados de forma indebida.
La auditoría inicial arrojó que, de un universo total de 240 agentes municipales, solo 80 cumplían efectivamente con la jornada laboral establecida. El asesor legal de la entidad gremial, Roberto Correa Esbry, confirmó que las resoluciones más inmediatas alcanzaron a tres personas con nexos cercanos a la administración comunal, quienes incurrían en una situación de incompatibilidad de funciones al figurar simultáneamente de alta en corporaciones del sector privado.
Los peritajes técnicos, respaldados por informes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), revelaron que varios de los agentes registrados en el municipio residían fuera de la provincia y prestaban servicios con dedicación exclusiva en yacimientos petrolíferos del sur del país, específicamente en áreas vinculadas a Vaca Muerta para la firma YPF. Esta superposición horaria imposibilitaba de forma material el cumplimiento de sus obligaciones en la comuna sanjuanina.
El conflicto administrativo se originó a partir de un relevamiento territorial realizado por el sindicato en agosto de 2025, el cual expuso que apenas el 30 % del personal se encontraba en sus puestos de trabajo, lo que generaba una sobrecarga de tareas en los escalafones de menores ingresos. Ante las intimaciones del Tribunal de Cuentas, las autoridades municipales argumentaron la pérdida de los registros físicos de asistencia, situación que forzó el reemplazo de la jefatura de personal y la instauración obligatoria de un sistema de control biométrico de acceso.
En la actualidad, las autoridades de contralor focalizan sus tareas en el análisis de los balances financieros correspondientes al ejercicio del año anterior. El propósito es evaluar si las anomalías detectadas ameritan la apertura de un juicio de responsabilidad patrimonial contra el jefe comunal por presunta malversación de los recursos públicos.
Desde la representación legal del SEP advirtieron que mantendrán un monitoreo estricto sobre el expediente institucional y adelantaron que, en caso de no lograrse el resarcimiento total del perjuicio económico fiscal o de detectarse nuevas desviaciones de fondos, recurrirán formalmente a los tribunales del fuero penal.
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