La reforma del Código Penal cuenta con el aval de la Cámara Baja, pero el proyecto se encuentra estancado. Organizaciones civiles advierten que los tiempos legislativos apremian. La iniciativa prevé penas de prisión efectiva a partir del primer agravante, elevando los máximos a 12 años de cárcel. Agrupaciones de todo el país buscan reunirse con los legisladores nacionales.
Diversas organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales lanzaron un fuerte reclamo al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento y la aprobación final de la reforma del Código Penal. El proyecto de ley, que tiene como eje central incrementar severamente los castigos para quienes causen muertes en incidentes de tránsito, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero su debate permanece paralizado en la Cámara de Senadores.
Desde la Asociación Familias del Dolor señalaron que la actualización de la normativa penal representa una deuda histórica del Estado con los ciudadanos afectados. Los referentes comunitarios aclararon que la movilización no persigue un ánimo de revancha, sino de justicia real, debido a que el marco legal vigente permite que la mayoría de los responsables reciban penas de hasta tres años de ejecución condicional, lo que en la práctica evita el cumplimiento de prisión efectiva.
El nuevo articulado propone un cambio profundo en el esquema de sanciones. El texto estipula que la sola presencia de un factor agravante —como el exceso de velocidad, la fuga del lugar del hecho o el consumo de alcohol y sustancias— eleve el piso mínimo de la condena por encima de los cuatro años de prisión, garantizando la reclusión tras las rejas.
Dependiendo de la acumulación de estos agravantes y de la gravedad de la conducta del conductor, la escala penal propuesta contempla techos que se extienden hasta los 8, 9 o 12 años de cárcel. El anteproyecto unificó el criterio de agrupaciones de alcance federal, tales como la Fundación Estrellas Amarillas, Madres del Dolor, Luchemos por la Vida y la propia entidad sanjuanina Familias del Dolor.
Las asociaciones manifestaron su preocupación por el letargo que sufre el expediente en las comisiones de la Cámara Alta, apuntando a demoras vinculadas a las revisiones del Ministerio de Justicia de la Nación. Asimismo, advirtieron que el plazo legal para tratar la propuesta en el recinto vence indefectiblemente en el mes de septiembre, por lo que existe el riesgo latente de que la iniciativa pierda estado parlamentario.
Como estrategia para destrabar el tratamiento parlamentario, los representantes de las víctimas adelantaron que iniciarán una ronda de gestiones políticas directas con los diputados y senadores nacionales de cada distrito provincial. El objetivo de las agrupaciones es concientizar a los legisladores sobre la necesidad de emitir una señal clara a la sociedad que marque un punto de inflexión y reduzca los índices de siniestralidad en los caminos argentinos.