La aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero dejó un clima de profunda conformidad en las autoridades de la Cámara de Diputados. El vicegobernador Fabián Martín remarcó el extenso debate que convalidó la norma con un contundente respaldo de 33 voluntades. Según el titular del Poder Legislativo, el texto llegó al recinto con un alto grado de madurez técnica tras doce meses de mesas de trabajo conjuntas entre los ministerios de Minería y Producción y las principales corporaciones empresarias de la provincia.
Ante los cuestionamientos por la celeridad de su tratamiento tras tomar estado parlamentario, Martín fundamentó la urgencia en la propia dinámica de las inversiones multinacionales y en los pedidos expresos del entramado productivo local para contar con reglas claras. El funcionario detalló que la ley no es una mera expresión de deseos, sino que posee un carácter estrictamente obligatorio para todas las corporaciones mineras que decidan operar en suelo sanjuanino.
Porcentajes de protección al trabajo propio
El núcleo de la normativa establece un blindaje directo para el empleo y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) locales. El articulado estipula de forma taxativa que las operadoras deberán garantizar que el 80% de sus plantas de personal correspondan a mano de obra sanjuanina, obligando además a que el 60% de sus proveedores sean firmas radicadas en la provincia.
La legislación introduce un esquema de discriminación positiva territorial para las comunidades que conviven con los yacimientos. En esa línea, se determinó que del porcentaje total de trabajadores provinciales, al menos un 30% deberá pertenecer en forma exclusiva al departamento donde se localice geográficamente el proyecto, mientras que un 20% de la cadena de suministro tendrá que contratarse en ese mismo municipio.
Controles, penalidades e incentivos de cumplimiento
Fabián Martín aclaró que las inquietudes de los bloques opositores fueron incorporadas durante la sesión ordinaria, modificando apartados para enriquecer el texto definitivo. Para garantizar la efectividad de la norma, la provincia pondrá en marcha un Consejo Consultivo que realizará auditorías anuales sobre las estructuras de contratación de las mineras. Aquellas empresas que violen las cuotas estipuladas afrontarán costosas multas, mientras que los establecimientos que demuestren un estricto acatamiento serán beneficiados con incentivos fiscales y una reducción en su carga impositiva.
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