PARITARIAS

Evalúan sanciones económicas a gremios docentes por el paro del 9 de abril

La Subsecretaría de Trabajo analiza si la medida de fuerza incumplió la normativa vigente. El proceso está en etapa de evaluación y aún no hay definiciones sobre posibles multas.

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan se encuentra evaluando la posible aplicación de sanciones económicas a los gremios docentes que llevaron adelante el paro del pasado jueves 9 de abril. El expediente administrativo está en curso y, por el momento, no se han definido montos ni alcances de eventuales multas.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el análisis se realiza a la espera de los informes solicitados al Ministerio de Educación, los cuales serán determinantes para establecer si existió o no un incumplimiento de la normativa vigente. En base a esa información, se resolverá si corresponde avanzar con sanciones.

El funcionario indicó que la evaluación no se limita a la declaración de legalidad o ilegalidad de la medida de fuerza, ya que la legislación contempla condiciones específicas en las que pueden aplicarse sanciones administrativas aun sin una definición previa en ese sentido.

En este marco, desde el organismo señalaron que el foco está puesto en el contexto en el que se desarrolló la protesta, teniendo en cuenta que las negociaciones salariales continuaban abiertas al momento del conflicto. Según remarcaron, la normativa establece restricciones para la adopción de medidas de fuerza mientras se mantengan instancias paritarias en curso.

Marchese sostuvo además que el proceso de diálogo entre las partes se encontraba vigente desde febrero y que, en ese período, se habían mantenido reuniones y convocatorias. En ese sentido, señaló que la reapertura de las audiencias se había producido a pedido de una de las organizaciones sindicales, con respuesta favorable por parte del Gobierno.

Sin embargo, desde la Subsecretaría advirtieron que la decisión de convocar al paro se habría tomado de manera intempestiva, lo que forma parte del análisis administrativo en curso.

Finalmente, el organismo remarcó que la legislación laboral es clara respecto de la imposibilidad de adoptar medidas de fuerza en contextos de negociación abierta, por lo que se continúa evaluando si corresponde aplicar sanciones económicas a los gremios involucrados.

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