La titular de ARID, Gabriela Galdeano, denunció una situación financiera "límite" por deudas que se arrastran desde octubre. Critican el nuevo proyecto de Nación que endurece los requisitos para pensiones mientras se cortan los pagos a los centros de atención.
El sector de atención a la discapacidad en la provincia atraviesa una de sus crisis más profundas. En un escenario marcado por el ajuste fiscal y cambios regulatorios impulsados por el Gobierno Nacional, las instituciones locales alertan que las reservas financieras se han agotado y que, de no regularizarse los pagos, muchas entidades dejarán de funcionar entre mayo y junio.
La presidenta de la Asociación para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad (ARID), Gabriela Galdeano, calificó la situación como un "escenario límite". Según detalló, el programa Incluir Salud —la cobertura para beneficiarios de pensiones no contributivas— no cancela sus obligaciones desde octubre del año pasado, generando un ahogo financiero que afecta a los 12 centros especializados que operan en San Juan.
La tensión aumentó tras el envío al Senado de un proyecto de ley por parte de la Casa Rosada que busca derogar la emergencia en discapacidad y endurecer los controles para las pensiones por invalidez. La medida obligará a los beneficiarios a revalidar antecedentes médicos, laborales y socioeconómicos para no perder el beneficio.
“Parece una burla que pongan el foco en auditar pensiones cuando no se ocupan de los atrasos arancelarios y las prestaciones en riesgo. Auditar se puede, pero primero paguen lo que deben”, sentenció Galdeano.
Para los prestadores, esta nueva política ignora la urgencia de sostener la estructura que brinda servicios directos a las familias, priorizando el recorte administrativo sobre la dignidad de los pacientes.
La crisis económica ya comenzó a forzar decisiones drásticas en la atención sanitaria. Desde las instituciones advirtieron que la falta de financiamiento obligará a reducir los cupos y seleccionar a quiénes atender basándose en su cobertura social.
Obras sociales prepagas: Se mantendría la atención para beneficiarios de firmas como OSDE o Sancor Salud.
Sector público y PAMI: Las prestaciones para afiliados de PAMI o Incluir Salud están en serio riesgo de interrupción debido a la falta de pago crónica.
“Ya no podemos sostener pacientes becados o sin financiamiento efectivo; las reservas para cuidar al personal y a las familias se terminaron”, explicó la referente de ARID, marcando el fin de una etapa de resistencia financiera por parte de fundaciones y asociaciones civiles.