Desde la cámara CAPRIMSA advierten que la falta de un marco regulatorio específico para la cadena de valor amenaza el desarrollo de las pymes locales ante las inminentes megainversiones en la provincia.
La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) formalizó un enérgico llamado a los poderes públicos para la creación urgente de una Ley de Desarrollo de Proveedores. Según el presidente de la entidad empresarial, Fernando Godoy, la provincia corre el riesgo institucional de frustrar el impacto socioeconómico de la nueva era de megaproyectos si no se legisla un mecanismo que garantice la integración obligatoria de las pequeñas y medianas empresas en los contratos de la gran minería.
El dirigente sectorial advirtió que la falta de una normativa específica genera un vacío regulatorio inédito en comparación con otras jurisdicciones mineras del país. Actualmente, la protección del compre sanjuanino se sostiene de forma precaria mediante gestiones gremiales y la adhesión voluntaria de las operadoras extranjeras a "buenas prácticas" comerciales, tales como el asociacionismo con firmas locales o la radicación de infraestructura en los departamentos del área de influencia.
La principal preocupación técnica que fundamenta el reclamo radica en los antecedentes de asimetría corporativa registrados en anteriores ciclos de auge extractivo, donde grandes conglomerados locales de logística, ingeniería y gastronomía monopolizaron la totalidad de los servicios complementarios. El diagnóstico de CAPRIMSA señala que este esquema centralizado bloquea la subcontratación y neutraliza el derrame financiero hacia el entramado pyme, limitando los beneficios económicos a un reducido grupo de empresarios.
Para la conducción de la cámara, el sostenimiento de la licencia social de la actividad en San Juan ante los proyectos del Distrito Vicuña, Josemaría y Los Azules está directamente condicionado a la democratización de la cadena de suministros. La propuesta institucional apunta a establecer por ley un esquema de asociatividad corporativa en el que los adjudicatarios de grandes contratos tengan la obligación de apalancar, transferir tecnología y tutorizar a prestadores de menor escala en rubros tan diversos como la carpintería, la salud o los servicios generales.
Finalmente, desde la entidad remarcaron que el rol de las cámaras empresariales consiste en delinear el norte estratégico de la integración productiva, pero delegaron en el Estado provincial la responsabilidad política de formalizar el marco jurídico de control. De acuerdo con el planteo del sector, la riqueza minera que se proyecta para la región requiere de una intervención estatal equilibrada que impida la consolidación de oligopolios y promueva un desarrollo distributivo genuino.