A través de un duro comunicado conjunto, intendentes, diputados y concejales del Partido Justicialista rechazaron el tratamiento exprés del megaproyecto de ley en la Legislatura. La oposición reclama falta de transparencia, datos imprecisos sobre las tasas y plazos, y exige un reparto equitativo de los fondos para los municipios.
El Partido Justicialista de San Juan quebró la aparente calma legislativa al manifestar una férrea oposición a la estrategia del Poder Ejecutivo para aprobar de forma inmediata el pedido de financiamiento externo enviado a la Cámara de Diputados. El principal bloque opositor criticó duramente la intención de la gestión del gobernador Marcelo Orrego de votar "sobre tablas" y sin debate en comisiones una iniciativa de tal magnitud económica, que busca reactivar la obra pública mediante la toma de deuda garantizada por los recursos de la coparticipación federal.
El malestar del peronismo local quedó plasmado en un documento firmado por la totalidad de sus cuadros institucionales, donde advirtieron sobre la escasez de precisiones técnicas aportadas por el Ministerio de Hacienda. Los dirigentes opositores señalaron que el proyecto oficial adolece de vacíos informativos clave, ya que no detalla el listado específico de las escuelas, hospitales, rutas y redes de agua que se planean construir, como así tampoco las tasas de interés aplicables ni el impacto real que las cuotas de amortización —cuyo plazo mínimo estimado por el Gobierno es de dos años— tendrán sobre el tesoro provincial.
Si bien la cúpula del justicialismo aclaró explícitamente que considera válido el uso del crédito público como herramienta de desarrollo y que no busca frenar la llegada de infraestructura, condicionó su acompañamiento a la aplicación de criterios de máxima prudencia y transparencia. Para los referentes de la oposición, resulta indispensable abrir una mesa de análisis técnico para conocer detalladamente cuánto le costará a los sanjuaninos este pasivo financiero y de qué manera se afrontarán los compromisos asumidos frente a los organismos internacionales.
El reclamo del PJ también incorporó un fuerte componente territorial enfocado en la distribución federal de los recursos. Los intendentes y concejales del espacio demandaron formalmente que el ambicioso plan de obras no centralice las inversiones y contemple una descentralización equilibrada hacia el interior de la provincia, bajo el argumento de que las comunas configuran el primer eslabón de contención social y necesitan participar activamente en la asignación presupuestaria para garantizar un crecimiento equitativo en todos los departamentos.