El fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, admitió que el equipo judicial evalúa solicitar una extensión de 90 días hábiles ante la proximidad del vencimiento de los plazos. La causa indaga supuestas anomalías en las contrataciones de la obra pública durante la gestión anterior.
La investigación judicial penal que busca determinar la existencia de maniobras ilícitas en torno a la construcción del Acueducto Gran Tulum ingresaría en una fase de prórroga excepcional. El fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, confirmó que el cuerpo de fiscales a cargo del legajo evalúa solicitar formalmente una extensión de los plazos procesales, argumentando la alta complejidad técnica de la causa y el escaso margen de tiempo disponible para resolver la situación procesal de los denunciados.
De acuerdo con el ordenamiento del sistema acusatorio vigente en San Juan, el Ministerio Público Fiscal cuenta con la facultad de requerir una prórroga de hasta 90 días hábiles. El tratamiento de esta medida se vuelve perentorio debido a que el plazo inicial para la recolección de elementos probatorios, derivado de una denuncia presentada el 9 de diciembre por el abogado Marcelo Arancibia, expira a finales del corriente mes de mayo.
Si el planteo de extensión es convalidado por el juez de Garantías interviniente, las autoridades judiciales dispondrán de tres meses adicionales para profundizar las líneas de investigación. Una vez concluido ese período extraordinario, la fiscalía estará obligada a definir el norte del expediente: avanzar formalmente hacia la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP) para formular las imputaciones pertinentes o, en su defecto, dictar el archivo y desestimación de las actuaciones por falta de mérito.
Debido al volumen de la documentación contable y de ingeniería que requiere ser peritada, la Jefatura de Fiscales reforzó la estructura del equipo investigador. Actualmente, el caso es coordinado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes operan con la colaboración directa de cuatro ayudantes fiscales.
La denuncia de origen apunta a presuntas irregularidades en los procesos licitatorios y de adjudicación estatal desarrollados durante el período gubernamental 2019-2023. El planteo del denunciante sugiere un supuesto direccionamiento de los pliegos técnicos para favorecer a la firma proveedora de cañerías Krah. La hipótesis delictiva vinculaba la adjudicación con la presunta participación comercial de un familiar directo del exgobernador y actual senador nacional, el empresario Gustavo Monti, quien falleció el pasado 25 de febrero.