El mercado inmobiliario de San Juan registra signos de enfriamiento y un alza en la morosidad

El sector inmobiliario de la provincia atraviesa un inicio de año complejo, caracterizado por una retracción en la actividad y un cambio en el comportamiento de los consumidores. Según referentes del área, la combinación de una pérdida del poder adquisitivo y el incremento en los costos de servicios ha generado una caída del 5% en la intención de alquiler respecto al 2025, afectando tanto al segmento habitacional como al comercial.

La dinámica actual del mercado revela que el precio se ha convertido en el determinante excluyente al momento de contratar. Esta situación ha forzado a los locatarios a resignar ubicación por periferia o a reducir la cantidad de ambientes para ajustar los costos al presupuesto familiar. En casos más críticos, se observa una tendencia a la rescisión anticipada de contratos y el regreso de inquilinos a hogares de familiares ante la imposibilidad de sostener los pagos.

Morosidad y cambios de hábito

Uno de los puntos más críticos reportados por los operadores inmobiliarios es la alteración en los plazos de pago. Si bien anteriormente las obligaciones se cumplían durante la primera quincena del mes, actualmente la mayoría de los inquilinos llega al límite del mes calendario para cancelar sus deudas. Este escenario de morosidad se ve agravado por el peso de los servicios públicos, que pueden sumar entre $200.000 y $250.000 adicionales al valor del canon mensual.

El segmento joven, históricamente uno de los más activos en el mercado de alquileres, muestra hoy una marcada ausencia. Desde la Asociación de Inquilinos de San Juan, advierten que el nivel de endeudamiento es creciente y que la falta de empleo se ha consolidado como un factor determinante en la salida prematura de las viviendas.

Precios y oferta

En términos de valores, el mercado local presenta cifras que profundizan la brecha con los ingresos promedio. Actualmente, las unidades monoambiente se cotizan entre $350.000 y $400.000, los departamentos de dos ambientes oscilan entre $400.000 y $500.000, mientras que las casas superan los $600.000 mensuales.

A pesar de que algunos propietarios mantienen expectativas de precios elevados debido a la actividad minera, la demanda real no convalida dichos montos, provocando que diversos inmuebles permanezcan desocupados por períodos prolongados.

Finalmente, en el plano legal, se recuerda que los contratos vigentes bajo el Código Civil y Comercial de la Nación protegen al inquilino contra desalojos inmediatos por falta de pago, exigiendo una intimación previa y plazos legales para la regularización de la deuda antes de cualquier instancia judicial.