El IPV revocó la adjudicación de viviendas sociales en siete barrios sanjuaninos por irregularidades

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) endureció los mecanismos de supervisión e instruyó la baja de adjudicaciones, permisos de habitabilidad y asistencias financieras a un grupo de adjudicatarios en la provincia. La decisión quedó ratificada mediante resoluciones emitidas en lo que va del año, sustentadas en el incumplimiento sistemático del marco normativo fijado por la Ley Provincial N° 196-A que regula el régimen de viviendas sociales.

Las inspecciones presenciales desarrolladas por los equipos técnicos territoriales arrojaron anomalías en diversos puntos del Gran San Juan y departamentos aledaños. Entre los complejos habitacionales donde se concretaron los quites de beneficio se encuentran el Barrio CGT Sector VI en Rivadavia, el Barrio AFE Sector II en Angaco, y los desarrollos Conjunto 2 y Conjunto 5 en Chimbas, además de unidades ubicadas en las comunidades de Caraballo, Lozano y El Chañar.

Tres causales de quita del beneficio

Desde el área legal del IPV remarcaron que el retiro de las tenencias responde a la verificación formal de tres faltas de carácter grave dentro de la regulación habitacional vigente:

• Inmuebles deshabitados: La constatación presencial de que la vivienda no está siendo ocupada de forma permanente por la familia adjudicada.

• Comercialización indebida: El alquiler, la cesión o la venta del inmueble a terceros sin aval del Estado, conducta expresamente vetada sobre bienes de carácter social.

• Morosidad acumulada: El retraso sostenido en el pago de las cuotas mensuales del plan de financiamiento estatal.

Proceso de reacondicionamiento y reasignación

Tras la firma de las resoluciones administrativas, los inmuebles recuperados quedan desafectados de los antiguos titulares e ingresan de forma directa a una instancia de auditoría y reacondicionamiento. El proceso contempla reparaciones edilicias antes de elevar las unidades al circuito administrativo formal.

El objetivo trazado por la repartición radica en transparentar el destino del parque habitacional. A través de estos procedimientos de control, las viviendas vuelven al padrón general para ser destinadas a familias inscriptas que cumplan de forma integral con las exigencias legales a la espera de una solución para su techo propio.