El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan ha iniciado un giro estratégico en su planificación urbana al descartar la construcción de grandes conglomerados habitacionales. Según confirmó la directora del organismo, Elina Peralta, la nueva política del Gobierno provincial priorizará la edificación de barrios de pequeña escala —que no superen las 50 viviendas— con el fin de garantizar una mejor integración social y evitar los focos de conflictividad asociados al aglomeramiento masivo.
Esta decisión marca un quiebre respecto a los modelos de urbanización aplicados en las últimas décadas, los cuales se centraban en complejos de mil o más unidades. Para la funcionaria, la experiencia histórica en la provincia demuestra que los megabarrios suelen carecer de uniones vecinales sólidas, lo que dificulta el progreso comunitario y convierte a las barriadas en núcleos independientes y aislados que terminan degradando la calidad de vida de sus habitantes.
La planificación actual pone el foco en la sustentabilidad de la infraestructura. Peralta vinculó la falta de previsión en gestiones anteriores con problemas de servicios que hoy afectan a la ciudad, como la baja presión de agua potable en zonas donde la instalación de barrios masivos saturó las redes existentes. "No tener en cuenta dónde se proyecta es un error grave", sostuvo la directora, resaltando que el IPV debe funcionar como un ordenador del crecimiento urbano y no solo como un ente constructor de paredes.
Asimismo, la gestión de Marcelo Orrego busca distanciarse del modelo de erradicación masiva de asentamientos que predominó entre 2003 y 2023. Desde el organismo señalaron que aquel sistema generó un "efecto llamada", donde algunas familias usurpaban terrenos para presionar al Estado en la obtención de una casa. Bajo la nueva impronta, se buscará recuperar la equidad social mediante el uso del sorteo como herramienta principal de adjudicación, priorizando a quienes respetan los cauces legales y administrativos.
Finalmente, las autoridades remarcaron que el objetivo es evitar la creación de "mini ciudades" alejadas y sin servicios básicos, una situación que históricamente trasladó una demanda extraordinaria e imprevista a los intendentes departamentales. Con este cambio de paradigma, el IPV apuesta por una urbanización controlada que facilite el acompañamiento estatal y fomente el desarrollo de barrios que puedan crecer de manera orgánica junto a su entorno.
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