Jorge Espejo aseguró que el dictamen nacional a favor de la minera Vicuña no habilita automáticamente las obras. Destacó que resta la intervención decisiva de la Provincia y los municipios, y anticipó que no permitirá que el proyecto perjudique la calidad del servicio eléctrico para los vecinos de la zona.
El intendente del departamento Iglesia, Jorge Espejo, fijó su postura tras la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) respecto a la concesión de capacidad de transporte en la Línea de 500 kV al emprendimiento minero Vicuña. El jefe comunal le restó carácter concluyente al fallo del organismo central y remarcó que el proceso aún requiere de avales clave a nivel provincial y local para concretarse.
A pesar de que el dictamen del ente regulador nacional distó de las expectativas generadas en la provincia, Espejo aclaró que la medida no otorga un permiso automático para el inicio de las ejecuciones de infraestructura. El mandatario municipal subrayó que la jurisdicción local conserva facultades regulatorias y de habilitación que serán evaluadas con rigurosidad antes de otorgar cualquier tipo de autorización.
El foco de la preocupación radica en el impacto que el volumen de transporte solicitado pueda generar sobre el suministro eléctrico que reciben los pobladores del norte sanjuanino. Al tratarse de un tendido que abastece a múltiples departamentos, el intendente advirtió que desde el municipio se opondrán firmemente a cualquier avance que comprometa la estabilidad de la red o afecte de manera negativa a los usuarios residenciales y productivos de la zona.
Frente al nuevo escenario normativo, la comuna de Iglesia buscará articular acciones de manera conjunta con la administración del Gobierno de San Juan, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y las intendencias vecinas afectadas por el trazado de la red.
El objetivo del bloque regional consistirá en unificar criterios técnicos y legales para garantizar que el desarrollo de inversiones mineras de gran escala no se traduzca en un deterioro de los servicios básicos para las comunidades locales.