La sede sanjuanina del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una profunda reconfiguración operativa impulsada por el recorte de fondos y la disminución sostenida de sus recursos humanos. Según detalló la directora provincial del organismo, Mónica Ruiz, la institución opera en la actualidad con el 50% de las partidas presupuestarias que percibía en 2023, una restricción financiera que impacta de manera directa en el alcance de sus actividades ordinarias.
Achicamiento de la planta y retiros voluntarios
El ajuste económico se vio reflejado en la planta de trabajadores, que ya registró una contracción del 30% en comparación con los niveles del año pasado. Solo durante el mes de julio, un total de 13 agentes concretaron su desvinculación a través del régimen de retiros voluntarios. Desde la conducción local advirtieron que no se descarta la apertura de una nueva etapa de bajas bajo la misma modalidad en los próximos meses.
Cobertura de costos operativos básicos
La escasez de giros desde la administración central obligó a rediseñar las prioridades de gasto interno. Actualmente, la asignación presupuestaria se destina casi en su totalidad al mantenimiento edilicio y al pago de los servicios esenciales de las distintas dependencias que el organismo posee en la provincia, quedando un margen mínimo para el financiamiento directo de ensayos técnicos.
Búsqueda de capitales privados y apoyo provincial
Ante este escenario de austeridad, la continuidad de los proyectos de investigación y la asistencia técnica en el campo pasaron a depender del financiamiento externo. Para sostener la operatividad en el territorio, el INTA intensificó las alianzas estratégicas con empresas del sector privado y articuló la llegada de fondos aportados por el Gobierno de San Juan.