En el primer paro docente bajo el nuevo marco legislativo que declara a la educación como servicio esencial, el Poder Ejecutivo desplegará controles en todo el país. San Juan adhiere a la protesta a través de UDAP, UDA y AMET, mientras la provincia advirtió que notificó la normativa a las entidades sindicales para evitar actuaciones al margen de la ley.
Bajo un inédito despliegue de supervisiones territoriales, la Administración Nacional pondrá a prueba la efectividad de la reciente reforma laboral en el marco de la jornada de protesta docente convocada por CTERA. La Casa Rosada advirtió que fiscalizará en cada distrito el estricto dictado de la cobertura mínima del 75% del servicio educativo, bajo la clara advertencia de que la falta de aulas abiertas derivará en multas e inspecciones severas contra las entidades sindicales involucradas.
La medida de fuerza, que paralizará la actividad educativa en diversos puntos de la Argentina, encuentra un eco directo en la provincia de San Juan, donde los tres sindicatos de mayor representatividad —UDAP, UDA y AMET— ratificaron su adhesión total por 24 horas. Las demandas gremiales giran en torno a la urgente reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución de los fondos del FONID, actualizaciones salariales frente a la inflación y el rotundo rechazo a eventuales modificaciones en el régimen previsional.
Para instrumentar los controles de operatividad en las escuelas iniciales, primarias, secundarias y de educación especial, el Ministerio de Capital Humano coordinó estrategias con los ministros provinciales a través del Consejo Federal de Educación. Según lo estipulado por la Ley 27.802, cualquier medida de fuerza que afecte una actividad declarada esencial debe asegurar una guardia mínima de funcionamiento que impida la interrupción total del servicio.
Las inspecciones serán ejecutadas mediante actas de fiscalización e informes diarios de asistencia que las provincias deberán remitir al gobierno central. Fuentes oficiales adelantaron que, en caso de constatar que no se alcanzó el piso legal del 75%, se activará un expediente sancionatorio de forma inmediata contra los gremios convocantes, comenzando con severas multas económicas y escalando en gravedad en caso de faltas reiteradas.
En el plano local, el Gobierno de San Juan dejó asentada su posición de estricto apego a la ley marco. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que las autoridades locales notificaron formalmente a la cúpula sindical sanjuanina respecto a las exigencias enviadas desde la Nación, exhortándolos a actuar con responsabilidad institucional. "Se lo notificamos a los gremios de San Juan para que sean responsables y respeten la ley. No podemos hacerle caso a ojos cerrados a alguien que nos manda a hacer algo ilegal; el que avisa no traiciona", enfatizó el funcionario.
El funcionario provincial no adelantó si se procederá al descuento del día a los maestros que se sumen a la medida, señalando que la administración esperará la evaluación final de la jornada. Asimismo, Achem catalogó de "anacrónica" la metodología de recurrir a paros laborales como mecanismo de presión, al tiempo que ponderó la situación salarial provincial destacando que San Juan ostenta "la mejor negociación paritaria del país".
El conflicto de fondo expone una marcada divergencia sobre las responsabilidades financieras y laborales. Mientras las organizaciones docentes exigen la intermediación del Ejecutivo central para fijar un piso salarial unificado en todo el territorio argentino, desde la Casa Rosada sostienen con firmeza que la relación laboral pertenece de manera exclusiva a los estados provinciales, por ser estos los empleadores directos del cuerpo docente.
La jornada marcará así un precedente institucional decisivo: la efectividad con la que se logre implementar el tope del 75% determinará el nuevo equilibrio de fuerzas entre el derecho a la huelga gremial y el amparo legal de la educación como servicio público esencial.