La medida, establecida por decreto, permite la administración y mantenimiento de tramos viales mediante acuerdos con Vialidad Nacional, sin transferir la jurisdicción del Estado.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema que habilita a San Juan y a otras ocho provincias a avanzar en la concesión de tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios bajo el sistema de obra pública por peaje. La disposición quedó establecida en el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La normativa contempla un modelo de delegación “funcional, limitada, temporal y revocable”, lo que permite a las jurisdicciones provinciales asumir tareas de gestión vial sin que ello implique la pérdida del control por parte del Estado nacional sobre la infraestructura.
Además de San Juan, la medida alcanza a Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, abriendo la posibilidad de implementar peajes en rutas nacionales que atraviesan esos distritos, una práctica que hasta ahora no estaba extendida en varias de estas provincias.
El decreto establece que no habrá transferencia del dominio público ni de la jurisdicción, que continuará en manos de la Nación. En cambio, las provincias podrán encargarse de la administración, mantenimiento, reparación o ampliación de los tramos asignados, bajo condiciones fijadas por la autoridad nacional.
Para su implementación, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos incluidos, los plazos de concesión y los mecanismos de control y auditoría. Estos acuerdos deberán contar además con la aprobación de la Secretaría de Transporte.
La norma dispone que los ingresos obtenidos a través de peajes deberán destinarse exclusivamente al mantenimiento de los corredores concesionados, y no podrán ser utilizados para otras obras. También se establece que los tramos asignados no podrán integrarse en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones.
Asimismo, las provincias contarán con un plazo de un año desde la firma del convenio para llamar a licitación. En caso de incumplimiento, la delegación quedará sin efecto, y si una concesión finaliza por cualquier motivo, la administración volverá al Estado nacional.
El esquema se apoya en distintas normas vigentes del sistema vial argentino y fija un tope de hasta 30 años para las concesiones.