El Gobierno nacional volvió a postergar la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, y fijó su aplicación para mayo mediante el Decreto 217/2026.
La medida alcanza a naftas y gasoil, y responde a la intención oficial de evitar un traslado inmediato a los surtidores. En el decreto se argumenta la necesidad de sostener un esquema que no afecte la actividad económica ni presione sobre la inflación.
La decisión se da en un escenario de suba en los precios internacionales de la energía, vinculada a conflictos en Medio Oriente, lo que incrementa el riesgo de aumentos en el mercado interno.
Desde 2024, la gestión de Javier Milei viene aplicando incrementos parciales y diferimientos en estos tributos, pese a que el esquema prevé actualizaciones trimestrales atadas a la inflación.
El aplazamiento implica volver a postergar ingresos fiscales. Estimaciones privadas señalan que medidas similares adoptadas en 2025 generaron una merma significativa en la recaudación.
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