El proceso para concesionar el emblemático Gran Hotel Provincial regresará a foja cero. El Gobierno provincial confirmó que avanzará con un nuevo llamado a licitación luego de que la comisión evaluadora rechazara las dos ofertas vigentes por incumplimientos en la presentación formal de la documentación. Así lo anunció el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, en el marco de la Expo Internacional San Juan Minera.
Según detalló el funcionario, las falencias detectadas no estuvieron ligadas a la solvencia de los proyectos, sino a cuestiones netamente administrativas. Una de las propuestas provenía de una unión transitoria entre una firma local y otra riojana, mientras que la segunda correspondía a una cadena nacional cuya sociedad aún no contaba con la totalidad de los papeles requeridos al momento de la apertura de sobres.
Pese al traspié, el interés empresarial se mantiene firme. "Los oferentes reconocieron las fallas y quieren volver a presentarse con los papeles al día", explicó Romero. Actualmente, la resolución que declara desierta la licitación ya fue rubricada, y el Ejecutivo se encuentra a la espera del vencimiento de los plazos legales para impugnaciones antes de publicar el nuevo pliego.
Inversiones y exigencias del pliego
El proyecto de concesión es ambicioso y busca devolverle el esplendor a un edificio inaugurado en 1966 que es patrimonio de la ciudad. Los puntos clave de la licitación incluyen:
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Plazo de explotación: 20 años de concesión comercial.
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Inversión requerida: Más de $3.360 millones destinados al reacondicionamiento integral del inmueble.
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Capacidad y categoría: El operador deberá garantizar un estándar mínimo de tres estrellas y mantener operativas las 101 plazas hoteleras.
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Identidad: Es condición obligatoria conservar el nombre histórico de “Gran Hotel Provincial”.
El edificio, que cuenta con 7.500 metros cuadrados cubiertos, permanece cerrado desde mayo de 2025. Durante este período de inactividad, el Estado provincial ha ejecutado tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en las instalaciones eléctricas para evitar el deterioro de la estructura mientras se define quién asumirá su gestión privada por las próximas dos décadas.
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