El Gobierno de San Juan mantiene en suspenso la aplicación de penalidades dirigidas a los gremios docentes que se sumaron a la jornada de protesta nacional. La resolución final dependerá de un exhaustivo relevamiento que lleva adelante la cartera educativa provincial en conjunto con autoridades nacionales, con el objetivo de verificar si las escuelas mantuvieron el piso de actividad exigido por la normativa que regula a la educación como servicio esencial.
El subsecretario de Trabajo local, Franco Marchese, confirmó que las actuaciones se encuentran en una fase preliminar y que el organismo requiere de documentación fehaciente antes de adoptar cualquier medida. El proceso de auditoría no solo contabilizará el nivel de inasistencias en los establecimientos, sino que además deberá certificar de manera individual que las ausencias correspondan estrictamente a la adhesión a la huelga y no a licencias médicas u otros motivos justificables.
El mecanismo de penalización
Una vez concluida la etapa de recolección de datos, la Subsecretaría de Trabajo definirá si se pone en marcha el procedimiento sancionatorio estipulado en la legislación laboral vigente. Las eventuales sanciones económicas estarán dirigidas de forma exclusiva a las entidades sindicales. Por su parte, la decisión administrativa de descontar el día no trabajado a los docentes quedará a criterio del Ejecutivo provincial en su rol de empleador.
En cuanto al impacto económico de las penalizaciones, el cálculo del monto responderá a una fórmula preestablecida que multiplica la totalidad de los educadores involucrados por el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, determinando así la cifra final que deberán saldar las agrupaciones.
Panorama gremial y proyección nacional
La controversia surge tras la medida de fuerza impulsada por CTERA a nivel nacional, la cual contó en el territorio sanjuanino con el acatamiento de UDAP y AMET, mientras que la Seccional UDA no formalizó su adhesión. Este escenario vuelve a tensionar la aplicación del marco legal que exige mantener abiertas al menos tres cuartas partes de las aulas durante protestas sindicales.
Desde la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Emilio Achem, ratificaron que los registros de presentismo serán remitidos a la Nación. Con esa información sobre la mesa, las autoridades evaluarán en forma conjunta los pasos a seguir y mantendrán nuevos encuentros con los representantes gremiales para determinar el alcance de las medidas disciplinarias en aquellos distritos donde no se haya alcanzado la cobertura mínima.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.