El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se encamina hacia una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. El Gobierno de San Juan avanza en la elaboración de un proyecto de ley que pondrá fin de manera definitiva a las adjudicaciones directas, estableciendo que la totalidad de las unidades habitacionales financiadas por el Estado local sean distribuidas exclusivamente a través de sorteos públicos.
La iniciativa oficial busca unificar las reglas de juego para todos los aspirantes sanjuaninos, erradicando modalidades de asignación discrecionales que coexistieron con los sorteos durante décadas. "Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular, acá va todo el mundo al sorteo", sentenció el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, al definir el espíritu de la transparencia que persigue la gestión actual.
Calificación previa y sistema de puntajes
Antes de ingresar a los bolilleros, cada postulante deberá superar una etapa de evaluación. Para ello, el Ejecutivo reglamentará un sistema de puntajes —previsto en la legislación actual pero nunca aplicado— que ponderará variables socioeconómicas y familiares.
Entre los aspectos a evaluar para conformar los padrones se encuentran:
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La composición del grupo familiar.
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La situación socioeconómica general y la estabilidad laboral.
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La capacidad real de pago de las cuotas del inmueble.
Conducta y antecedentes bajo la lupa
La futura normativa incorporará filtros vinculados al comportamiento ciudadano de los inscriptos. El cumplimiento de las obligaciones judiciales, como no registrar deudas en las cuotas alimentarias, será un requisito clave.
Asimismo, Ferrari adelantó que la falta de antecedentes penales será un factor determinante que otorgará prioridad ante igualdad de condiciones socioeconómicas.
Incluso, la reforma alcanzará a quienes ya posean una vivienda del IPV: el Estado podrá desafectar el beneficio y retirar la casa a adjudicatarios que reciban condenas firmes por delitos de extrema gravedad, tales como violencia intrafamiliar, homicidios, robos agravados o delitos contra la integridad sexual.
Fin a los acuerdos con sindicatos y organizaciones
El proyecto de ley apunta además a desactivar las tradicionales operatorias con entidades intermedias y gremios que comercializaban carpetas o loteos bajo la promesa de una futura financiación estatal. Desde el área legal de Gobierno aclararon que, en la actualidad, no existen compromisos formales firmados con los sindicatos respecto a estos listados.
Las autoridades reconocieron que existen damnificados de buena fe que adquirieron terrenos o carpetas en el pasado creyendo tener el acceso garantizado a una casa, situación que en algunos casos derivó en causas penales en la Justicia. Sin embargo, enfatizaron que para garantizar un sistema igualitario y transparente, el régimen unificará a todos los ciudadanos bajo el mismo procedimiento de calificación y sorteo público.
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