El Consejo Asesor del organismo regulador respaldó la postura de exigir compensaciones a la empresa minera por el uso de la red de alta tensión. El planteo busca evitar que los costos de infraestructura impacten en las tarifas de los usuarios locales.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) cosechó un masivo apoyo institucional y civil a su estrategia regulatoria respecto a las condiciones de acceso a la red de transporte de 500 kV que demandará el emprendimiento minero Vicuña. En el marco de una sesión del Consejo Asesor de Acompañamiento, diversos actores políticos, gremiales y productivos refrendaron la presentación que el ente local elevó ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) para salvaguardar los recursos provinciales.
La conducción del EPRE detalló las bases jurídicas, técnicas y financieras de su impugnación formal a la solicitud de conexión en los términos vigentes. Si bien el organismo mantiene una negativa preliminar, la resolución contempla la factibilidad de otorgar la habilitación técnica únicamente si la firma operadora del proyecto minero asume planes de mitigación concretos que neutralicen los perjuicios económicos y estructurales sobre el tendido de distribución que abastece a los hogares sanjuaninos.
La medida sumó la adhesión explícita de los intendentes de Iglesia, Jáchal, Calingasta y Ullum, legisladores locales, la CGT San Juan, cámaras empresariales y asociaciones agrícolas. Durante la jornada, se expuso un informe elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ y el CONICET, el cual ratificó la viabilidad de la propuesta del EPRE al demostrar que este tipo de regulaciones y compensaciones obligatorias se aplican con éxito en potencias mineras como Australia, Canadá, Chile y Estados Unidos.
Los miembros del espacio consultivo recalcaron que el concepto de libre acceso a las redes de transporte energético no faculta una explotación sin contraprestaciones de una infraestructura pública costeada históricamente por el Estado provincial y los contribuyentes. Tras el consenso alcanzado, los representantes de los distintos sectores acordaron conformar una mesa de seguimiento permanente sobre el expediente administrativo hasta tanto las autoridades del ENReGE dictaminen una resolución definitiva.