El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ratificó formalmente su postura ante el organismo nacional regulador respecto de la solicitud de ampliación y uso de la red de transporte de extra alta tensión de 500 kilovoltios (kV).
El planteo provincial apunta a establecer reglas equitativas que eviten monopolios y garanticen el acceso a futuros desarrollos productivos y de energías renovables.
La presentación formal fue radicada ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). En el documento, la entidad sanjuanina manifestó su respaldo a las inversiones mineras en la región, pero advirtió sobre la necesidad de preservar el interés público de una infraestructura clave que conecta la Estación Transformadora Nueva San Juan con la localidad de Rodeo.
El origen de la controversia radica en el pedido de prioridad de acceso para abastecer la primera etapa de la mina Josemaría, impulsado por la firma Vicuña Argentina. Frente a esto, el regulador local fundamentó que la mencionada línea de extra alta tensión fue costeada de manera parcial con recursos del Fondo PIEDE, compuesto por aportes de usuarios residenciales, comerciales e industriales de la provincia, además de empresas beneficiarias, por lo cual su usufructo debe responder a un esquema de administración transparente y de libre competencia.
Antecedentes del conflicto
Las diferencias normativas en torno a la capacidad disponible de la red de transporte ya se habían manifestado con fuerza durante la audiencia pública celebrada a principios de junio. En dicha oportunidad, mientras la operadora del proyecto Vicuña defendía la exclusividad técnica para su desarrollo, el organismo regulador de San Juan, respaldado por observaciones de otras compañías mineras como Los Azules, Altar y El Pachón, junto con autoridades de La Rioja y del municipio de Iglesia, reclamó la apertura del sistema bajo condiciones de igualdad.
Garantía jurídica y previsibilidad
Desde el EPRE aclararon que la objeción institucional no pretende bloquear el desembarco de capitales privados. Por el contrario, argumentaron que un marco de acceso abierto y criterios equitativos proporcionará mayor seguridad jurídica y previsibilidad para todo el sector minero a largo plazo, acelerando de forma ordenada los distintos proyectos en carpeta. El organismo concluyó manifestando su predisposición para consensuar una salida técnica con las autoridades nacionales y las firmas involucradas que no descuide la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico regional.