Desde el sector del ministro de la Corte de Justicia afirmaron que esperan la notificación formal para responder a la denuncia de Nicolás Fiorentino. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ya tiene el expediente y se reunirá para iniciar las actuaciones.
El entorno del ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, reaccionó con tranquilidad ante la confirmación del trámite de juicio político en su contra promovido en la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas al magistrado aseguraron que la presentación no genera inquietud y explicaron que aguardan la notificación formal del cuerpo legislativo para presentar su descargo defensivo y rechazar de forma categórica los argumentos planteados por el denunciante.
La acción parlamentaria fue impulsada por el abogado Nicolás Fiorentino, quien solicitó la destitución de Lima por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el letrado, el cortesano debió apartarse de la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento en un proceso promovido contra el camarista civil Sergio Rodríguez, al alegar la existencia de un supuesto vínculo de "amistad íntima" entre ambos magistrados.
El conflicto original surge de un pleito comercial entre dos compañías privadas por una cifra cercana a los 74.000 dólares. Fiorentino, representante legal de la parte demandada, cuestiona la validez de una notificación judicial interpósita. Tras recibir fallos adversos de la justicia Contencioso Administrativa y de los camaristas de la causa, resolvió denunciar a los jueces intervinientes ante el Jurado de Enjuiciamiento y acudió a la Legislatura provincial contra el presidente del cuerpo.
Desde el círculo íntimo del integrante del máximo tribunal negaron enfáticamente cualquier tipo de relación cercana con el camarista cuestionado. Para graficar la falta de proximidad entre ambos, señalaron de manera tajante que Lima "no sabe ni cuál es el domicilio de Rodríguez", descartando cualquier escenario de parcialidad o favoritismo.
Asimismo, remarcaron que el ministro ha firmado diversos fallos judiciales en los que le tocó revisar la actuación de Rodríguez como juez de Cámara, emitiendo en varias oportunidades resoluciones que revocaron o contradijeron los criterios de este último, lo que demuestra la independencia de sus decisiones.
En el ámbito legislativo, la confirmación de la presentación fue ratificada por el titular del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba. Tras la recepción del caso, la Sala de Juicio Político remitió las actuaciones a la Comisión Investigadora, órgano que cuenta con un plazo legal de 40 días para recolectar pruebas, realizar las medidas correspondientes y elaborar un dictamen de aceptación o rechazo que será girado a la Sala Acusadora.
La comisión de trabajo está conformada por las legisladoras oficialistas Alejandra Leonardo y Marcela Quiroga, junto a las representantes de la oposición Sonia Ferreyra, Mario Herrero y Marisa López. Según se informó, los parlamentarios mantendrán su primer encuentro de análisis el próximo miércoles para comenzar a evaluar el expediente.