La administración gubernamental de San Juan ha fijado como prioridad inmediata evaluar las condiciones técnicas y la utilidad de la infraestructura subterránea del Acueducto Gran Tulum. Así lo manifestó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien subrayó la necesidad imperiosa de concluir el proyecto para abastecer la creciente demanda de agua potable en la región, independientemente del proceso penal que busca esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución de la obra durante la gestión anterior.
Este posicionamiento coincide con el vencimiento de los plazos procesales de la causa iniciada en diciembre pasado. Ante este escenario, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro formalizarán un pedido de extensión de 90 días ante la jueza Mónica Lucero. Según explicó Achem, esta prórroga —cuyas concesión se da por sentada en el ámbito de los tribunales— resulta indispensable para complementar los peritajes específicos sobre los materiales y caños utilizados, los cuales constituyen el núcleo de la controversia.
Desde el punto de vista legal, el funcionario provincial desestimó cualquier riesgo de prescripción del expediente. Al respecto, fundamentó su tranquilidad en la total colaboración del Ejecutivo, que ya ha digitalizado y remitido a las autoridades judiciales alrededor de 120 cajas con documentación de respaldo para agilizar las auditorías.
La investigación penal en curso intenta determinar la responsabilidad de exfuncionarios y cuantificar el perjuicio económico de la obra, la cual fue licitada originalmente por un monto cercano a los 200 millones de dólares mediante financiamiento mixto. Entre los puntos más críticos bajo la lupa se encuentra el retiro de aproximadamente 10 kilómetros de tuberías defectuosas, una maniobra que, de acuerdo con estimaciones gubernamentales, habría generado una pérdida patrimonial en torno a los 50 millones de dólares.
En el plano probatorio, el Ministerio Público Fiscal analiza un informe técnico del año 2020 vinculado al sistema de electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad, sumado a más de 90 cajas de expedientes de OSSE. Estas evidencias documentales complementan las inspecciones de campo realizadas el pasado 10 de marzo de 2026, cuando un equipo de peritos, fiscales y especialistas de la Policía Científica recorrió el trayecto entre el Dique Punta Negra y la planta potabilizadora de Marquesado para constatar el estado real del tendido.
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