Aunque la cifra está por encima de la media del país, el Ejecutivo provincial advierte que el verdadero desafío estructural radica en la precarización laboral. Los rubros más afectados son el agro, la construcción y el sector gastronómico. El oficialismo apuesta a que el auge de los proyectos mineros ayude a revertir la situación bajo estrictos controles de registro.
Los últimos indicadores oficiales revelaron que San Juan registró un índice de desocupación del 3,1% en los primeros tres meses del año. Si bien el porcentaje posiciona a la provincia en un escenario más favorable respecto al promedio de la República Argentina, las autoridades locales manifestaron que la prioridad de la gestión no es solo generar puestos de trabajo, sino combatir los altos niveles de empleo no registrado.
Desde la Dirección de Políticas Laborales señalaron que la informalidad constituye un problema de larga data que afecta de igual manera al territorio provincial y al resto del país. Frente a este panorama, el Gobierno ratificó que se intensificaron los operativos de fiscalización permanente a través de los organismos de inspección laboral para garantizar que las empresas cumplan con la normativa vigente.
La gestión provincial cifra sus esperanzas de reactivación en el mediano plazo en el avance de la actividad minera. No obstante, las autoridades advirtieron que el derrame económico de los grandes proyectos hacia el empleo local estará condicionado a una exigencia inflexible: todo personal contratado deberá estar formalizado desde el primer día. Asimismo, estiman que este dinamismo impactará positivamente en las industrias y servicios asociados.
Por otra parte, desde el área laboral hicieron referencia a las recientes normativas de modernización laboral que buscan fomentar el blanqueo de los trabajadores mediante diversos estímulos para los empleadores. Al respecto, explicaron que la reglamentación es todavía muy nueva —aplicada desde comienzos de mayo—, por lo que su efectividad real en la reducción de las tasas de informalidad se evaluará con el correr de los meses.
De acuerdo con el mapa de vulnerabilidad laboral de la provincia, los mayores focos de empleo en negro se concentran actualmente en la actividad agrícola, las obras de construcción, el comercio gastronómico y el sector hotelero. Para revertir esta tendencia, el Ejecutivo considera fundamental articular acciones conjuntas entre las cámaras empresarias, los representantes sindicales y el Estado.
En cuanto a los mecanismos de control, el área de inspecciones aclaró que la política oficial es de "tolerancia cero". Al detectarse personal no declarado en un establecimiento, se aplica una sanción económica de manera directa y automática, eliminando la posibilidad de intimaciones previas o plazos de regularización posteriores.
Finalmente, las autoridades recordaron que el trabajo informal priva directamente a los ciudadanos de beneficios esenciales como la cobertura médica de una obra social, la protección ante accidentes a través de una ART y la acumulación de aportes para la futura jubilación, razón por la cual se realiza un seguimiento estricto mediante un registro de empleadores reincidentes.