El proceso judicial por lesiones culposas leves que tiene como imputado al juez de Faltas provincial, Enrique Mattar, registró un revés en la instancia de mediación tras el rechazo de la primera propuesta de indemnización económica presentada por la defensa. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la representación del magistrado ofreció la suma de 500.000 pesos a la víctima, Pedro Palacios, con el objetivo de extinguir la acción penal mediante un acuerdo de reparación integral, moción que fue descartada por considerarse exigua.
Ante esta negativa, las partes abrieron un canal de negociación a la espera de un nuevo ofrecimiento financiero que incremente los montos iniciales y permita destrabar el conflicto legal. El marco temporal para alcanzar este consenso está supeditado al dictamen del juez de garantías, Matías Parrón, quien otorgó un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses, cuyo vencimiento formal está fijado para las últimas semanas de septiembre.
El siniestro bajo investigación ocurrió el pasado 6 de mayo en la intersección urbana de avenida Rawson y calle 9 de Julio, en el departamento Capital. De acuerdo con las pericias preliminares, Palacios se desplazaba a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando colisionó con un automóvil Volkswagen Up, el cual era conducido por el funcionario judicial investigado.
El componente más complejo del expediente radica en la conducta posterior al impacto, ya que los informes policiales sostienen que el conductor del rodado mayor abandonó el lugar del hecho sin prestar el auxilio correspondiente a la persona herida. La maniobra fue advertida por un testigo presencial que persiguió al vehículo hacia la zona del Acceso Sur, aportando la información que permitió a los efectivos policiales interceptar al magistrado en un retén vial.
La víctima debió recibir asistencia médica e internación hospitalaria debido a los traumatismos sufridos y, si bien recibió el alta médica a los pocos días, la dinámica del evento generó un fuerte impacto en la opinión pública local. Pese a la gravedad institucional del caso por el rol del acusado, los voceros tribunalicios prevén que la causa se resolverá por una vía alternativa antes del inicio de las etapas de debate oral.
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