Tras una investigación administrativa iniciada en dos escuelas de Pocito, las autoridades comprobaron que la documentación estaba adulterada. El maestro intentó revertir la sanción alegando que los errores eran "subsanables", pero el Gobierno rechazó el recurso y ratificó su desplazamiento definitivo.
El Ministerio de Educación confirmó la cesantía del docente Pablo Nievas tras haber acreditado que utilizó de manera reiterada certificados de salud falsificados para justificar ausencias laborales entre 2021 y 2022. La maniobra, calificada como una falta grave por los servicios jurídicos oficiales, derivó en la pérdida de su cargo y la ratificación de su expulsión del sistema educativo provincial.
La maniobra salió a la luz en agosto de 2022 a partir de alertas libradas por los equipos directivos de las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, ubicadas en el departamento Pocito. Las autoridades escolares advirtieron inconsistencias en una carta médica enviada por el agente vía WhatsApp, lo que desencadenó un sumario administrativo y una posterior auditoría formal.
Al profundizar las actuaciones, la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos emitió un informe determinante: al docente no se le había otorgado ningún permiso oficial desde 2021 y la documentación presentada presentaba graves observaciones.
Entre los hallazgos más relevantes presentados por los instructores sumariales se destacan:
Adulteraciones formales: Los comprobantes exhibían números de cartillas e identificaciones de médicos auditores que no coincidían ni se encontraban convalidados por el organismo competente.
Falsedad de trámite: La repartición constató que en 2021 ya se le habían rechazado tres solicitudes tramitadas por la web y que no existía registro alguno de licencias por internación ni decisiones de Junta Médica.
Patrón de inconducta: Se corroboró la falsificación de al menos 10 certificados de salud a lo largo del periodo investigado.
Frente al decreto de cesantía firmado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el docente interpuso un recurso de reconsideración alegando que la sanción resultaba "excesiva, arbitraria e injustificada". En su descargo, sostuvo que las observaciones en las cartas médicas correspondían a deficiencias menores que "pudieron haberse subsanado mediante una interconsulta" e incluso propuso devolver los días no trabajados.
Sin embargo, los dictámenes de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios junto a la Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad del Gobierno desestimaron sus argumentos de forma categórica:
"No corresponde a la autoridad subsanar deficiencias en certificados médicos, sino que constituye una carga del agente presentar documentación válida como condición necesaria para la obtención de licencias."
Las áreas legales fundamentaron que el propio descargo del imputado constituyó un reconocimiento tácito de la falta. Asimismo, concluyeron que la repetición de esta maniobra a lo largo del tiempo agravó su responsabilidad disciplinaria, dejando firme la máxima sanción administrativa en el ámbito público provincial.