El proyecto de ley enviado por el gobernador Marcelo Orrego ya cuenta con estado parlamentario. La iniciativa prevé la apertura de dos centros de vanguardia con capacidad de internación, financiados mediante un esquema fiduciario mixto y gestionados en forma conjunta por Salud y Desarrollo Humano.
La Cámara de Diputados de San Juan analiza de manera prioritaria un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que busca transformar el sistema de contención pública de la provincia. La propuesta contempla la puesta en marcha del programa "Casa Activa", un modelo de centros especializados que posicionará a la región como un referente a nivel nacional y latinoamericano en el tratamiento de consumos problemáticos y la asistencia a menores en situación de vulnerabilidad social extrema.
La iniciativa legislativa ya adquirió estado parlamentario y es evaluada con urgencia en las comisiones de la Legislatura, con la expectativa de ser aprobada en la próxima sesión ordinaria. Para su sustentabilidad económica, el proyecto estipula la creación de un fideicomiso que administrará aportes de fundaciones y organismos internacionales, complementado con partidas presupuestarias del propio Estado sanjuanino. La conducción operativa de los complejos estará a cargo de un trabajo coordinado entre los ministerios de Salud y de Familia y Desarrollo Humano.
El esquema asistencial prevé una infraestructura de entre 150 y 160 plazas de internación, distribuidas estratégicamente en dos sedes con misiones diferenciadas. La primera de ellas, ubicada en el departamento Chimbas, funcionará como un centro de rehabilitación modelo para jóvenes con consumos problemáticos. Equipado con gabinetes interdisciplinarios de psicología y psiquiatría, este espacio permitirá repatriar a los pacientes locales que actualmente deben ser derivados a provincias como Mendoza, Córdoba o Jujuy, además de abrir la posibilidad de recibir personas de otros distritos del país.
Por su parte, la sede proyectada en Pocito estará orientada específicamente a la protección de menores de edad integrados al sistema judicial debido a entornos de violencia intrafamiliar o patologías de consumo en sus progenitores. Las autoridades provinciales advirtieron sobre un marcado incremento en la demanda de este servicio, señalando que la cifra de niños bajo tutela estatal ascendió de 140 a 209 en el último periodo. En este espacio, los menores contarán con un esquema de revinculación social que incluye escolarización formal, dinámicas de convivencia hogareña y actividades recreativas estacionales.