La discusión institucional en torno a la transparencia de los actos de gobierno volvió a ganar espacio en el debate legislativo provincial. Los diputados oficialistas Federico Rizo, referente del Partido Bloquismo, y Enzo Cornejo, representante del PRO, reclamaron que la Provincia de San Juan avance de forma definitiva en la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública que habilite a cualquier habitante a consultar el destino de los fondos estatales de manera directa.
Cuestionamientos al esquema actual y alcance integral
El planteo cobró un nuevo impulso en el marco del debate parlamentario por los fondos del fideicomiso derivado del proyecto minero Vicuña y la operatoria de financiamiento por 600 millones de dólares. No obstante, los legisladores aclararon que la normativa debe abarcar la totalidad de la administración pública y no restringirse a expedientes puntuales.
Federico Rizo cuestionó la mecánica vigente al señalar que actualmente resulta indispensable ocupar una banca legislativa para tramitar un pedido de informes ante el Poder Ejecutivo. El diputado bloquista remarcó que los vecinos deberían contar con la facultad de verificar contrataciones, licitaciones de obras barriales y prestación de servicios sin intermediaciones políticas, recordando que su espacio promueve iniciativas en la materia desde hace una década para consolidar el desarrollo institucional local.
Adaptación a la realidad provincial y antecedentes
Por su parte, Enzo Cornejo respaldó la necesidad de aprobar una legislación adaptada a las particularidades de la provincia, evitando la aplicación de modelos prefabricados. El parlamentario del PRO sostuvo que la ciudadanía debe conocer en detalle la planificación de las obras públicas y el uso de los recursos provinciales, manifestando su expectativa de que la norma pueda concretarse durante la gestión del gobernador Marcelo Orrego.
La propuesta retoma antecedentes como el proyecto de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.275 —sancionada en 2017— y los compromisos asumidos en el denominado Acuerdo San Juan durante la administración de Sergio Uñac, los cuales no llegaron a plasmarse en el recinto. En el mapa nacional, San Juan integra junto a Formosa, Tucumán y La Pampa el lote de los cuatro distritos que aún no cuentan con un marco regulatorio propio que contemple el derecho de la ciudadanía a requerir información a los organismos del Estado.
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