Una creciente indignación volvió a encenderse en San Juan
tras la viralización de un nuevo registro fotográfico que expone la magnitud de las secuelas provocadas en la
Pampa del Leoncito, en el departamento Calingasta. Las imágenes publicadas por el portal PaseAndo muestran con nitidez los profundos surcos causados sobre la emblemática planicie natural, luego del ingreso no autorizado de una camioneta y un rodado menor durante un periodo de alta vulnerabilidad del terreno.
La secuencia de una maniobra destructiva
El hecho se desencadenó durante la noche del sábado 8 de agosto, cuando Agustín Añó, un profesional médico sanjuanino radicado en Mendoza, accedió al predio junto a su hijo a bordo de una camioneta. Tras internarse alrededor de un kilómetro y medio en la superficie, la humedad y la composición arcillosa del suelo provocaron que el vehículo se hundiera cerca de 25 centímetros. Durante las maniobras de rescate, los ocupantes emplearon una moto de enduro que trasladaban, agravando y multiplicando los daños en la frágil cubierta sedimentaria.
Un rescate complejo y la amenaza de huellas centenarias
A más de una semana del incidente, la camioneta permanece inmovilizada en el lugar por orden judicial. Dado que el terreno húmedo genera un potente efecto de succión, el eventual ingreso de maquinaria pesada o remolques para la extracción amenazaría con expandir la destrucción. Entre las alternativas de retiro se evalúa incluso el despliegue de una aeronave.
La irreversibilidad del impacto genera alarma en la provincia: las autoridades locales advirtieron que, debido al nivel de profundidad de las Marcas y la lenta dinámica de auto-recuperación del Barreal Blanco, las huellas podrían permanecer visibles durante un siglo.
Actuación judicial y restricciones en el lugar
El expediente se tramita en el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del magistrado Andrés Troche, instancia ante la cual el responsable ya se presentó para realizar su descargo. El conductor permanece en libertad mientras continúan las actuaciones contravencionales bajo el marco de la Ley 941-R, cuya sanción económica máxima alcanzará el tope de un millón de pesos. En tanto, el predio continuará clausurado al tránsito vehicular por al menos un mes, sujeto a la evolución del clima y al secado natural de la arcilla.