Una nueva y explosiva actualización en las dietas de la Cámara de Senadores de la Nación volvió a encender la mecha del malestar social y provocó un cimbronazo en el escenario político local. A partir de la aplicación del esquema remunerativo vigente, los tres senadores nacionales que representan a San Juan —el libertario Bruno Olivera y los referentes del Partido Justicialista Sergio Uñac y Celeste Giménez— pasaron a cobrar una suma bruta mensual que supera holgadamente los 11,6 millones de pesos, consolidando un nivel de ingresos desconectado de la realidad económica de la provincia.
El desmedido incremento es consecuencia directa del mecanismo automático que vincula los haberes de los parlamentarios con el módulo salarial de los empleados del Congreso. Tras el cierre de un acuerdo paritario escalonado que otorgó un ajuste acumulado del 12,5% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, los sueldos de los representantes sanjuaninos saltaron de los $10,2 millones a más de $11,6 millones brutos, lo que representa un adicional de $1,4 millones mensuales por cada banca.
La anatomía de un haber multimillonario
La composición de los haberes que perciben Olivera, Uñac y Giménez refleja una ingeniería salarial que suma beneficios de manera constante. El sueldo de los legisladores se estructura a través de:
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Módulos básicos: 2.500 unidades salariales.
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Gastos de representación: 1.000 módulos extra por mes.
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Adicional por desarraigo: 500 módulos fijos para quienes residen en las provincias.
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Aguinaldo propio: un haber adicional número 13 aprobado por la propia Cámara en 2024.
Esta estructura de privilegio genera un fuerte contraste ético en la opinión pública sanjuanina, especialmente en un contexto de contracción del consumo, ajustes en el gasto público e ingresos golpeados por la inflación para el resto de la ciudadanía.
Cruce de responsabilidades y la incómoda posición del oficialismo
La controversia cobró dimensiones institucionales tras las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, quien se desligó de la fijación de los montos y remarcó que son los propios senadores quienes tienen la facultad y la potestad de votar y moldear su propio régimen salarial. En un mensaje teñido de ironía política, la funcionaria sugirió que aquellos legisladores disconformes tienen la opción de donar la diferencia del aumento.
El escenario genera un costo político altísimo para el bloque de La Libertad Avanza y expone una fuerte contradicción discursiva. En el caso del libertario Bruno Olivera, el incremento automático deja al descubierto la grieta entre la narrativa oficialista de recorte a "la casta" y el cobro efectivo de dietas millonarias, reinstalando la polémica sobre la renuncia o devolución de estos incrementos en sus filas. Mientras tanto, desde la oposición justicialista encarnada por Uñac y Giménez, el silencio reina frente a un beneficio remunerativo de escala extraordinaria.
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