El presidente del PRO en San Juan y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados local, Enzo Cornejo, advirtió que la administración del presidente Javier Milei requerirá del respaldo de un arco político amplio para consolidar su agenda de reformas estructurales y sostener la estabilidad institucional a nivel nacional. El legislador reclamó al Poder Ejecutivo central una mayor predisposición al diálogo, humildad en el ejercicio del poder y respeto hacia las fuerzas políticas que sostienen visiones disidentes.
A pesar de los cuestionamientos hacia los modos de conducción de la Casa Rosada, Cornejo ratificó la vocación del PRO de mantenerse como un espacio de oposición constructiva y responsable. En este sentido, recordó que su partido ha acompañado las principales iniciativas del Gobierno nacional desde el inicio del mandato, aclarando que la lealtad legislativa no anula la capacidad del bloque de manifestar discrepancias y plantear alternativas cuando lo consideran necesario.
Las declaraciones del dirigente se producen en un contexto de crecientes especulaciones sobre un eventual acercamiento estratégico entre la gestión del gobernador Marcelo Orrego y el oficialismo nacional. Al respecto, el titular del PRO local optó por no profundizar en hipótesis electorales inmediatas, prefiriendo ponderar la figura del mandatario sanjuanino como un eslabón clave para el fortalecimiento democrático y la búsqueda de acuerdos que trasciendan los intereses partidarios en beneficio de la ciudadanía.
En el plano de las reformas políticas pendientes, el legislador se pronunció fuertemente a favor de la modernización del sistema electoral. Respaldó la adopción de la boleta única de sufragio y, de manera particular, se mostró partidario de implementar un esquema de elecciones internas abiertas y simultáneas, prescindiendo del carácter obligatorio para los votantes.
Finalmente, el referente macrista contrapesó el escenario de consensos requeridos con una severa crítica hacia las anteriores administraciones kirchneristas. Cornejo sentenció que el impacto de dichas gestiones provocó un perjuicio estructural severo tanto en el plano nacional como provincial, cuestionando la priorización de grandes proyectos de infraestructura que, según su óptica, resultaron ineficaces y disociados de las urgencias reales de la población.
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