El exconcejal José Risueño acudió a la Justicia tras acusar al jefe comunal, José Castro, por el presunto delito de calumnias e injurias. La presentación incluye una demanda económica millonaria debido a declaraciones mediáticas donde se lo vinculaba con maniobras de corrupción.
La tensión política en el departamento de Angaco sumó un nuevo capítulo en los tribunales provinciales. El exedil José Risueño formalizó una querella penal contra el actual intendente, José Castro, por considerar que sus expresiones públicas afectaron gravemente su reputación. Lo particular de la presentación es que incorporó una acción civil en el mismo escrito, mediante la cual exige un resarcimiento económico de 80 millones de pesos para cubrir de forma integral el daño ocasionado a su honor.
El origen del litigio se remonta a una serie de entrevistas brindadas por el mandatario municipal en diversos medios de comunicación locales. Según consta en la denuncia, Castro atribuyó a Risueño conductas deshonrosas y desvíos de fondos públicos durante el periodo en que este último se desempeñó en la Tesorería municipal, previo a asumir su banca en el Concejo Deliberante en 2016. Para el denunciante, estas afirmaciones buscan desacreditar su credibilidad pública y comunitaria de manera consciente, valiéndose además de la jerarquía institucional que posee el emisor.
Este enfrentamiento judicial no es un hecho aislado, sino la profundización de una histórica ruptura entre ambos dirigentes, quienes supuestamente supieron ser aliados políticos. Risueño fue uno de los concejales que, a fines de 2019, denunció penalmente a Castro por el presunto uso irregular de maquinaria y personal municipal en un terreno privado de Chimbas. Aquella causa original contra el jefe comunal —quien sostiene que es víctima de una persecución política— se encuentra actualmente con el camino al juicio suspendido, debido a nuevas derivaciones que se tramitan en el sistema acusatorio y que involucran a otros tres concejales de la gestión actual.
Estrategias del caso señalan que la decisión de unificar el reclamo civil dentro del proceso penal busca que un mismo magistrado resuelva tanto la responsabilidad criminal como la compensación económica en una sola sentencia. Previo a presentarse en Tribunales, el exconcejal había enviado una carta documento exigiendo una rectificación, alternativa que fue rechazada por el intendente mediante una respuesta formal donde negó rotundamente haber emitido las acusaciones agraviantes.