Una investigación periodística puso bajo la lupa un presunto esquema de direccionamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores para favorecer a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según reveló el programa "Telenueve Denuncia", una serie de comunicaciones internas del Palacio San Martín sugerirían que la adjudicación de un contrato por $114.044.133 estaba pactada meses antes de que se iniciara el proceso formal.
El núcleo de la sospecha radica en un intercambio de correos a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). En dicho registro, el coordinador de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye de manera imperativa a una subordinada para tramitar la convocatoria siguiendo los lineamientos "preparados al inicio del año". Esta comunicación indicaría que las condiciones del pliego habrían sido configuradas para garantizar una única firma ofertante.
Detalles de la contratación y el rol de la OA
La adjudicación se concretó a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad liderada por Rouillet, bajo la modalidad de "Adjudicación Simple por Especialidad". El contrato tiene como objetivo impartir capacitaciones de idioma inglés al personal diplomático y administrativo del ministerio por un periodo de nueve meses, con opción de prórroga.
Dada la estrecha relación familiar entre la beneficiaria y el ministro Sturzenegger, el expediente activó el protocolo de integridad establecido en el Decreto 202/2017. Este mecanismo obliga a la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para evaluar posibles conflictos de intereses, aunque la investigación periodística sostiene que el proceso formal en el portal COMPR.AR fue solo el paso final de una decisión administrativa tomada de antemano.
Puntos críticos de la investigación-
Diseño "a medida": Los requerimientos técnicos habrían sido diseñados para que solo la empresa de Rouillet pudiera cumplir con los estándares solicitados.
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Información privilegiada: La investigación sugiere que la firma beneficiada conocía los detalles del pliego semanas antes de su difusión pública el 4 de diciembre de 2025.
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Monto y divisas: Al momento de la firma, el contrato representaba una suma cercana a los 78.000 dólares, destinada a financiar servicios de consultoría pedagógica.
Hasta el momento, desde el entorno de los funcionarios involucrados se ha mantenido el hermetismo, mientras que sectores de la oposición evalúan realizar presentaciones ante los organismos de control para determinar si existió una violación a la Ley de Ética Pública en el manejo de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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