Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal (legajo MPF-SJ-24148-2026) desató una severa crisis interna en la Agrupación Minera Cordillera de los Andes. La acusación fue impulsada el pasado 1 de octubre por Claudio David Suárez, integrante de la cúpula directiva, contra el presidente de la entidad, Patricio Páez, y su hijo, a quienes atribuye el cobro no autorizado de capacitaciones orientadas al ingreso laboral en la industria minera.
Según la presentación judicial, diversos asistentes habrían desembolsado cuotas de $150.000 por talleres formativos que contaban con carácter gratuito según los estatutos institucionales. Los fondos recaudados —estimados preliminarmente por el denunciante entre $12 millones y $20 millones— habrían sido transferidos a cuentas bancarias particulares, utilizando presuntamente el nombre de la agrupación como aval.
Descargo de los acusados y diligencias judiciales
Ante los señalamientos, Páez rechazó de manera enfática las imputaciones y sostuvo que las capacitaciones aranceladas correspondieron de forma exclusiva a las operaciones de "Trackshop", un emprendimiento comercial privado sin vínculo con la organización. Asimismo, remarcó que todas las instancias formativas organizadas institucionalmente por la agrupación fueron dictadas sin costo alguno y solicitó desvincular a su hijo del expediente.
En la causa también aportó su testimonio el capacitador Cristian López, quien ratificó que las cuatro jornadas que dictó para la entidad no tuvieron costo, aclarando que luego fue contratado de manera independiente para dictar cursos en el ámbito privado. Corresponderá ahora a la Justicia sanjuanina determinar la veracidad de los hechos y deslindar las responsabilidades penales sobre el manejo de los fondos.