El proceso judicial por la presunta estafa multimillonaria atribuida a la empresa Global Market registrará un avance determinante en los tribunales locales. El próximo miércoles 10 de junio, a partir de las 08:00 horas, se desarrollará una audiencia de apelación tendiente a revisar las medidas de coerción y resguardo probatorio que habían sido desestimadas en primera instancia en el marco de la investigación por el perjuicio económico calculado en 4.000 millones de pesos.
La resolución del conflicto estará a cargo del juez de Impugnación, Daniel Guillén. El magistrado deberá evaluar los argumentos de los representantes de los damnificados, quienes cuestionaron la decisión previa del juez Javier Figuerola al denegar una serie de restricciones severas contra los principales responsables de la firma, identificados como Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada.
El punto central del debate jurídico radica en el pedido de prisión preventiva para ambos imputados. Mientras que las querellas sostienen que existen riesgos procesales suficientes para ordenar la detención inmediata, la defensa técnica de los acusados —encabezada por el abogado Jorge Videla— argumenta que sus clientes han permanecido a disposición de las autoridades desde las primeras denuncias radicadas a comienzos de marzo y que la privación de la libertad obstaculizaría la generación de recursos necesarios para responder ante los inversionistas afectados.
Más allá de la situación de libertad de los sospechosos, el tribunal de alzada revisará la procedencia de otras medidas de corte investigativo orientadas a la localización de los activos financieros. Entre las peticiones pendientes se encuentra el secuestro y peritaje de teléfonos móviles y soportes informáticos para realizar la trazabilidad de los flujos de dinero virtuales, así como órdenes de allanamiento y decomiso de documentación contable.
Los procedimientos de registro solicitados por los denunciantes no solo apuntan a la sede operativa de la firma comercial, ubicada sobre la calle Mendoza Sur, y a las viviendas particulares de los implicados. La solicitud se extiende también a los inmuebles de los familiares directos de Ahumada, debido a las sospechas judiciales que vinculan las transacciones de Global Market con la sociedad financiera Epychost S.A.S., presuntamente administrada por sus hijos.
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