Los dispositivos ya cumplen un mes en funcionamiento. La medida busca modernizar el área de fiscalización y otorgar mayores garantías tanto a los comerciantes como al personal técnico. La iniciativa comenzó con cuatro unidades y una capacitación previa para los agentes. El Ejecutivo no descarta adquirir más equipos según la disponibilidad de partidas presupuestarias.
La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan puso en marcha un nuevo sistema de fiscalización tecnológica mediante la incorporación de cámaras corporales (bodycams) para sus inspectores. El equipamiento, que ya se encuentra operativo en las calles sanjuaninas desde hace aproximadamente un mes, tiene como propósito central optimizar el control comercial y dotar de absoluta transparencia a cada uno de los procedimientos.
La llegada de estos dispositivos tecnológicos apunta a un doble beneficio: por un lado, brindar mayor claridad y validez legal a las actas labradas por el organismo; por el otro, atenuar posibles situaciones de conflicto o discusiones entre los agentes estatales y los propietarios de los locales durante los operativos de rutina.
La inserción de esta tecnología en la administración pública local requirió un proceso planificado que constó de varias fases. En la primera instancia, el organismo provincial concretó la compra de un lote inicial de cuatro cámaras, cantidad que estuvo ligada al valor de mercado de los equipos de alta definición.
Posteriormente, el cuerpo de inspectores debió atravesar una instancia de formación técnica y legal para el uso correcto de las herramientas en la vía pública. De forma paralela, las autoridades de Defensa al Consumidor diseñaron un protocolo específico para la tercera etapa del proyecto, centrada en la seguridad y el almacenamiento del material audiovisual recopilado, que sirve como resguardo ante eventuales controversias judiciales o administrativas.
Desde la conducción del área explicaron que el volumen de dispositivos actual responde a un esquema de prueba y viabilidad económica. Sin embargo, adelantaron que la intención del Gobierno provincial es realizar un seguimiento del impacto del sistema para evaluar, conforme se habiliten nuevas partidas presupuestarias, la adquisición de más unidades que permitan cubrir una mayor cantidad de brigadas de inspección de manera simultánea en todo el territorio local.