La penalización económica responde a reiteradas deficiencias en las prestaciones de telefonía e internet. El expediente técnico ya se elevó a Fiscalía para su correspondiente ejecución administrativa.
La Dirección de Defensa al Consumidor dispuso una sanción económica de $29.395.360 contra la empresa de telecomunicaciones Movistar, debido a las constantes interrupciones y fallas en los servicios de telefonía móvil e internet que afectaron a los residentes del departamento Calingasta. La penalidad financiera, que equivale formalmente al valor de 20 canastas básicas, representa la medida más severa del proceso debido a que dicha compañía concentra la gran mayoría de las denuncias tramitadas.
Tras concluir la etapa de instrucción en el organismo de control, el expediente fue derivado formalmente a la Fiscalía del Estado para proceder con la ejecución del cobro. Los reclamos formales fueron impulsados por un contingente de 44 damnificados damnificados de la localidad, de los cuales 39 registran un vínculo contractual con Movistar, mientras que el resto de las presentaciones civiles se distribuyen entre Claro (cuatro casos) y Personal (un caso).
El desencadenante directo de las sanciones administrativas estuvo vinculado a la incomparecencia presencial de los representantes de las firmas durante las audiencias conciliatorias programadas por la repartición oficial. En su lugar, las prestatarias se limitaron a remitir descargos formales por escrito, temperamento procesal que las autoridades interpretaron como causal suficiente para la formulación definitiva de los cargos.
El conflicto de telecomunicaciones en la región cordillerana arrastra un extenso historial normativo. El primer antecedente masivo se documentó en el año 2022 con una presentación colectiva de 289 usuarios afectados por la falta de señal y cortes crónicos en el flujo de datos. Tras un periodo de estabilidad relativa, la problemática recrudeció en el último trimestre de 2025, motivando la reactivación del legajo mediante nuevas denuncias de los vecinos.
Pese al impacto nominal del monto establecido, la Dirección de Defensa al Consumidor optó por una graduación moderada de la pena. La normativa vigente en la provincia faculta al organismo a aplicar multas que oscilan entre una y 210 canastas básicas; de este modo, el dictamen final contra Movistar se ubicó por debajo del 10% del tope máximo punitivo que prevé la legislación para infracciones de gravedad institucional en servicios públicos esenciales.